La selectividad es, digamos, el menos malo de los sistemas. Este tipo de pruebas existen desde hace muchos años, llámense pruebas de aptitud o de acceso a la universidad. Son exámenes sencillos y de mínimos, que hoy sirven para clasificar al alumnado, algo que no siempre fue así, pues en otros tiempos su función era solo confirmar la formación requerida. Y el debate es si deben ser determinantes para que la gente decida una carrera, como ocurre ahora, o si los alumnos deberían seleccionarse más por sus capacidades o competencias en la titulación a la que quieren optar. Ahora un expediente brillante que quiere estudiar una carrera que no tiene numerus clausus se ve como un desperdicio, y Enfermería, una carrera totalmente vocacional, está condicionada por unas notas de corte muy elevadas. La elección de estudios está totalmente basada en la nota y no tanto en la vocación y capacidad. Y no hay que olvidar que la mejor formación para el alumno es aquella que lo hace competente para enfrentarse a cualquier reto. Si la nueva ley que prepara el Gobierno da libertad a las universidades para que establezcan sus propias pruebas, no estaría mal siempre que estén bien hechas y valoren las competencias. Pero entonces, ¿para qué tanta reválida a lo largo de la educación no universitaria? Las reválidas son un gasto en educación enorme y fomentan una enseñanza más memorística que de razonamiento. Favorece que los centros se dediquen fundamentalmente a este tipo de educación y la formación, no lo olvidemos, es mucho más.