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El largo camino de la dependencia

Los familiares de los usuarios se pasan años entre trámites y cambios de grado cuando sus mayores empeoran


Santiago / La Voz

El decreto 15/2010 de la Xunta de Galicia establece como plazo para resolver el grado de dependencia de una persona, desde que se presenta la solicitud, un máximo de tres meses. Y otros tres para determinar el PIA, el Programa Individual de Atención, es decir, el servicio concreto que mejor se adapta a cada usuario. Seis meses de espera que pueden resultar más o menos largos a los beneficiarios en función de sus recursos o necesidades, pero que en realidad se convierten en un extenso camino.

Cuando María del Carmen Rodríguez, vecina de Calo, en el concello de Teo, solicitó esta ayuda para su madre, esta todavía podía quedarse sola en casa. Fue hace más de dos años y en la primavera del 2016 le concedieron una ayuda a domicilio, tras reconocerle una valoración de grado II. Lo cierto es que nunca llegó a disfrutar de este servicio. Y es que no había horas disponibles, por lo que pusieron a su madre, Palmira, en la lista de espera.

Pero en apenas unos meses su progenitora pasó a necesitar una persona a su lado durante las 24 horas. «Antes podíamos dejarla sola, aunque tenías que darle de comer y arreglarla podía quedarse en casa, pero de repente empezó a escaparse, por lo que las escasas horas que nos concedieron, unas 36 al mes, ya no solucionaban», explica Carmen. Por eso comenzó a llevar a su madre a un centro de día privado que se llevaba toda su pensión, y solicitó el cambio de PIA para que le otorgasen una plaza en uno público, al ser este un servicio más adecuado a sus necesidades. Esto fue en octubre y en febrero de este año se dio salida a su petición. Pero María del Carmen seguía, casi dos años después, sin ningún servicio real. En mayo la trabajadora social pidió una compensación económica en cuanto no se resolviese su petición del centro de día, que le llegó aceptada el pasado mes de julio.

Más de dos años

Han pasado más de dos años y su madre no ha recibido ninguna ayuda, aunque la cuantía económica aprobada tiene carácter retroactivo desde el 1 de julio. Es una prestación que además le cubre prácticamente el centro de día privado, que incluso está más cerca que el público que le correspondería, por lo que se da por satisfecha mínimamente. Mínimamente porque su proceso sigue. Ya ha presentado la petición para que valoren de nuevo a su madre, ya que ahora es totalmente dependiente. «Es cierto que mi caso, aunque tarde, ahora está medianamente cubierto. Pero me queda otro camino por recorrer porque esto va muy lento».

Y es que no denuncia su situación personal sino la burocracia, lentitud, trámites y desgaste que deben atravesar todos los usuarios de la ley de dependencia. Por ejemplo, le sorprende que sea tan lento y complicado una nueva valoración para elevar el grado de dependencia y para solicitar otro recurso, «cuando se sabe perfectamente que la gente mayor va a ir a peor», cuenta.

Para María del Carmen el suyo no es más que un caso, que además ya está encarrilado, pero cuando oye o lee lo ágil y efectiva que es la ley de la dependencia se indigna. «La realidad es distinta, los que estamos en esto tenemos que lidiar y recorrer un camino muy largo. Hasta que lo vives no sabes las trabas que hay, lo que desgasta y además lo difícil que es compaginarlo con la vida laboral y con la economía, que es la que es», concluye.

«Los que estamos en esto tenemos que recorrer un camino largo», dice Mari Carmen

Cuando se agrava su situación, los dependientes suelen precisar otros servicios

Galicia tiene menos personas con prestaciones que la media estatal

 

 

El informe más reciente del Ministerio de Sanidad sobre la situación de la dependencia refleja que en Galicia el número de solicitudes se acerca a las 80.000. En concreto, a fecha 31 de julio del 2017, un total de 79.844 gallegos habían solicitado alguna prestación. Esta cifra supone el 4,8 % del total de España, lo que no se corresponde con la población de la comunidad, y menos aún si se tiene en cuenta su nivel de envejecimiento. Pero tampoco el número de personas que ya disfrutan de algún servicio de la dependencia se adecúa al tipo de población. Y es que, si en España reciben alguna prestación el 1,95 % de los ciudadanos, en Galicia solo lo hacen el 1,8. Nada que ver con otras comunidades envejecidas, que sí superan la media estatal, como es el caso de Castilla y León, con un 3,51 %, siendo la autonomía en donde mayor proporción de población está atendida. Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, País Vasco y La Rioja también superan el 2 %.

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