El engorde de censos electorales para sumar votos de afines que residen en otras poblaciones es tan común en España que la reforma de la ley electoral que acaban de aprobar las Cortes se refiere a ella de manera expresa. Pero pese a la preocupación mostrada por los ponentes del cambio legal, la persecución de los engordes censales ni se produce hasta sus últimos extremos, ni cuenta con fallos ejemplarizantes.
«Es algo normal antes de las elecciones», reconocía la alcaldesa de A Porqueira a comienzos del 2007 tras haber logrado en tres meses que su censo electoral creciese un 10,3% tras caer sin freno los años anteriores.
La falta de actuaciones judiciales contra las manipulaciones censales, que solo son corregidas administrativamente, han hecho que se multipliquen los casos en Galicia. Fuentes de la Administración reconocen que no cesarán los engordes hasta que se registre una sanción ejemplar. La reforma de la ley electoral prevé entre seis meses y tres años de cárcel para quien altere o falsifique el proceso electoral y sanciones para quien se cense en un municipio sin residir en él. Pero a pesar de los extraños saltos del censo que ha registrado Galicia en los últimos cuatro años no se ha producido, según la Oficina del Censo Electoral, ninguna denuncia de particulares o partidos, ni tampoco inspecciones para determinar la existencia de empadronamientos irregulares. La petición de informes a los concellos es la herramienta más usada, como en los casos de Santiso, Mañón o Palas que están entre los 39 seguidos ahora en Galicia, donde la mayoría, eso sí, obedecen a una deficiente gestión de los censos por sus responsables municipales.