Los propietarios de dos viviendas con una sentencia de derribo en Melide asumen la ejecución, que el Concello hará efectiva sin dar una alternativa a una de las afectadas, que se queda sin casa
19 feb 2023 . Actualizado a las 00:44 h.El 19 de marzo, Chus Mosteiro cumple años. 64, concretamente. Apunta con doble lamento la fecha. Ese día también estaría de santo su padre, José, de sobrenombre, «o municipal». El que fue el primer policía local de Melide invade la mente de esta mujer que, a las puertas de la jubilación, verá sepultados los recuerdos y los ahorros de toda una vida bajo los escombros. Los de la vivienda que en 1956 construyeron sus progenitores. «Si se levantan miña nai e meu pai, e ven isto, despois de tanto traballo que pasaron para facer a casa…», dice con pena. Sobre el inmueble en el que nació y se crio junto a ocho hermanos pesa una sentencia en firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que obliga al Concello melidense a derruirla. Se excedieron de lo autorizado en la licencia municipal que se les concedió para cambiar la cubierta de la casa.
Lo admite sin tapujos la familia. Pero matiza: «Feito o tellado, tivemos que reforzalo con placa, pero non con unha sobre a que poidas edificar», cuenta Carlos Mosteiro. Además, «as paredes de fóra son as vellas», añade el hermano de la afectada para incidir en que la obra no alteró ni el volumen, ni la morfología original de la casa. Por aquel entonces —corría el año 2009— «ninguén nos parou a obra», recuerdan. Y los denunciantes — tres vecinos— habían requerido la intervención del Concello, instando a reponer la legalidad de la obras. La administración local optó por el silencio, y acabó en los juzgados. De nada sirvió después el recurso que, ya en el 2014, presentó el Ayuntamiento, al considerar desproporcionada la demolición que ordena una sentencia que, por otro lado, obligaba a recuperar para uso público los terrenos que un tercero había anexionado a su propiedad cercándolos con tullas.
El origen del conflicto
En esa apropiación indebida, ya resuelta, sitúan los hermanos Mosteiro el origen del conflicto. «O problema comezou coa veciña do lado, que se fixo co terreo antes de que nós obraramos, e como o seu home era o noso irmán, metéronnos a todos no allo», cuenta Víctor, propietario de una pequeña casa cercana, también afectada por el fallo judicial. Pero la campaña de movilización social que estos hermanos iniciaron cuando la sombra de la piqueta empezó a asomar, el derribo de la que es la segunda vivienda de Víctor quedó en un segundo plano. Los esfuerzos que la familia vuelca en su particular cruzada se enfocan en mantener en pie el inmueble de Chus. En poco más de un año se jubilará esta melidense que trabaja interna como empleada del hogar en A Coruña. Y, después de treinta y ocho años cotizando, se quedará con una apretada pensión, y sin una casa a la que volver. Su casa.
Las esperanzas comenzaron a desvanecerse cuando, a mediados del mes pasado, les cortaron la luz y el agua. La orden —la del suministro municipal sin comunicación previa— llegó del Concello de Melide, desde el que, días atrás, les comunicaron telefónicamente que, la semana entrante, se procederá a la demolición de las viviendas. La falta de aire empieza a asfixiar la agonía en la que vive la familia desde que hace más de dos años el Concello de Melide inició el procedimiento de ejecución de sentencia, previa solicitud en el juzgado de los denunciantes. A ellos se refiere la afectada cuando confiesa sentir rabia «porque esta xente faga tanto mal. Eu —mantiene— non lle fixen nada a ningún veciño». También hay reproches para los gobernantes locales, que pusieron a disposición de la familia los Servicios Sociales municipales, pero sin garantizar la solución habitacional que demandan. Y aunque sus hermanos no consentirán que se quede en la calle, «eu o que quero é que me dean un sitio onde meterme. É a única vivenda que teño, e non teño para onde ir», reclama la afectada. Su hermano Víctor les reprocha falta de empatía: «O que hai xa o sabemos, pero algo máis puideron facer», dice. Al fin y al cabo, la denuncia de los tres vecinos fue contra el Concello por no intervenir cuando tuvo la ocasión de hacerlo.
Eulogio Viñal Obras y Construcciones S.A, con sede en Oroso, es la empresa a la que el gobierno melidense adjudicó, por contrato menor, la demolición de las viviendas. El derribo costará 23.638 euros. Tendrá, finalmente, que asumirlo la familia, a la que le quedará un terreno en pleno Camino Francés en el que «poderiamos volver edificar».