El carpetazo judicial confirma para el PP la «persecución política» del bipartito
14 jun 2022 . Actualizado a las 05:05 h.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arzúa archivó la denuncia que el gobierno de Melide (Adiante Melide-PSdeG) presentó a raíz del vertido industrial que, el 12 de julio de 2019, causó la mortandad de unos 10.000 ejemplares piscícolas en el último tramo del río Furelos. El archivo de la denuncia lo dio a conocer el PP, en el que están convencidos de que la pretensión del ejecutivo local recurriendo a la Justicia fue muy diferente a la manifestada, en su día, por el alcalde melidense, el independiente José Manuel Pérez, y por su socio de gobierno del PSdeG, José Antonio Prado. La denuncia se interpuso, según ellos, «en cumprimento da legalidade e protección do medio ambiente», por si los vertidos procedentes del polígono industrial de A Madanela —ese, en concreto, de dos empresas— fuesen constitutivos de sendos delitos ecológico y contra la salud pública.
Para los populares melidenses, sin embargo, el archivo de la denuncia, que constataron tras recibir respuesta a una pregunta presentada en el pleno del pasado marzo, «só confirma as nosas sospeitas: todo o mal que se lle fixo ao nome de Melide, e aos empresarios que decidiron investir e dar traballo á xente de Melide só tiña un fin, e era a persecución política das antecesoras no cargo de alcaldesas», señala Dalia García, portavoz municipal del PP y exregidora, además de la ahora conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, y de Socorro Cea, que fue alcaldesa por el BNG. García se reafirma en que «foi un erro iniciar un procedemento penal sen depurar responsabilidades administrativas», y reprocha el gasto «extra» de 9.000 euros en un abogado, cuando el Concello de Melide tiene contratada una asesoría jurídica por cerca de 54.000 euros al año.
