La declaración del municipio de Santiago como zona residencial tensionada ya está aquí, a falta de que el gobierno local concrete, en el plazo de un par de meses, cómo va a aplicarla para que este instrumento de intervención directa en el mercado de vivienda resulte efectivo para frenar el crecimiento de los precios de los alquileres. Sobre esta efectividad, ya de principio, surgen dudas. Y que es un nuevo motivo de enfrentamiento político a un paso de las elecciones municipales, ninguna duda. Respecto a la bondad de este control, de fijar límites en los alquileres según lo establecido por la ley estatal, todo depende de cómo se mire, de cómo quieran leerse los datos. Baste analizar el único caso previo existente en Galicia, el de A Coruña, que lleva casi un año de ventaja a Santiago. La Xunta no ha tenido más remedio que dar su visto bueno a ambas iniciativas porque cumplen alguno de los requisitos fijados en la normativa estatal, pese a que el Ejecutivo de Alfonso Rueda lo considera contraproducente y, en consecuencia, pone énfasis en los efectos perniciosos del mercado tensionado, en especial el hundimiento de la oferta de vivienda de alquiler en A Coruña, como demuestra la reducción del 70,5 % de los contratos entre julio y diciembre del año pasado, acto seguido de la entrada en vigor de este mecanismo en la ciudad. Es decir, ante la imposición de límites a los precios, los propietarios retiran sus pisos del mercado o buscan refugio en otras fórmulas de arrendamiento más rentables para ellos, como es el caso de los alquileres de temporada que, como advierte el sector inmobiliario, tiene en Santiago un campo abierto en la demanda de alquiler por cursos académicos y habitaciones. Por contra, el gobierno local de A Coruña enfatiza la impuesta moderación de los precios, al bajar las rentas, en el mismo período, de un promedio de 761 a 686 euros mensuales. En Santiago, la experiencia acumulada desde hace ya demasiados años nos dice que hay una enorme carencia de vivienda de alquiler de larga duración, la más necesaria. ¿Va a conseguir el mecanismo del mercado residencial tensionado solucionar este gravísimo problema? Por sí solo, parece claro que no. Sin embargo, la polémica político-electoral sí está asegurada.