La interventora municipal de Santiago pone reparos al pago de los dos millones de euros en horas extras de policías y bomberos que irá a pleno el viernes
SANTIAGO
Si los inconvenientes que apunta su informe no se resuelven antes, será la corporación la que tendrá que decidir si desbloquea su abono
18 nov 2025 . Actualizado a las 08:25 h.El gobierno local llevará a un pleno extraordinario este viernes el pago a policías y bomberos de 2,17 millones de euros por horas extras y por festivos. En el primer caso será por trabajos de noviembre del 2024 a mayo del 2025 y, en el segundo, desde enero a septiembre de este año. De hecho, esta mañana se reúne la comisión informativa que ha de dictaminar la propuesta que irá a la sesión plenaria, ya con las subidas salariales que ha habido desde entonces, según anunció ayer la alcaldesa, aunque las demandas de ambos servicios van más allá del retraso de esos pagos. Y lo sabe el gobierno, que además de trabajar en una propuesta para poner sobre la mesa en los próximos días, ahora dice que explorará la opción excepcional que permite la Ley de Presupuestos del Estado además de la tasa de reposición para contratar más personal, como pedían el PP y la CIG.
No será una sesión cómoda para Sanmartín la del pleno del viernes. Además del debate político que generará en sede oficial la crítica situación de las prestaciones de ambos servicios de emergencias, desde que sus funcionarios se negaron a hacer horas extras, tendrá que enfrentar un informe contrario de Intervención a la tramitación de ese pago. El departamento fiscalizador de las cuentas municipales sostiene que ese desembolso incurriría en incumplimientos de los límites presupuestarios.
Sin dotación previa y superando los límites fijados
En concreto, el informe emitido al respecto, apunta a un vicio de nulidad al haberse adquirido esos gastos sin la necesaria dotación presupuestaria y superando el límite que para este tipo de retribuciones aprobó el pleno de la corporación. De hecho, observa que en varios casos el volumen de horas extraordinarias realizadas en un solo mes supera el límite anual de 80 horas. Y también echa en falta la autorización previa a la realización de los trabajos por los que se pasan esos gastos y apunta que, en algunos casos, la justificación de los servicios extraordinarios no está acreditada de forma adecuada y suficiente desde el punto de vista formal.
Intervención plantea que se suspenda la tramitación del expediente hasta que se solucionen las discrepancias que motivan su reparo, aunque si estas persistiesen cuando la unidad gestora correspondiente formule sus criterios, será el pleno el que tenga que decidir sobre el levantamiento del reparo para poder tramitar los pagos.