Sobra afirmar que hacer ciudad es una tarea que nos compete a todos los vecinos y no solo a quienes nos representan. Semejante obviedad se nos olvida con frecuencia en circunstancias que nos afectan directamente y con las que -es legítimo- no estamos de acuerdo, por mucho que desde el punto de vista del interés general y con la ley en la mano, no haya nada reprochable. Vamos, que nos cuesta dar el brazo a torcer cuando un asunto colisiona con nuestros intereses particulares. ¿No es esto lo que está ocurriendo con el proyecto del Instituto de Medicina Legal en una parcela en la confluencia de las calles Londres y Roma, en Fontiñas? Cualquier compostelano preferiría que ahí hubiese una zona verde o un parque infantil, claro que sí, y con mucho más motivo quienes residen junto a ese solar municipal. Pero, claro, hacer ciudad no solo es abrir zonas verdes -más aún en barrios donde ya hay-, sino dotarla de otros equipamientos y servicios públicos, que benefician a toda la sociedad, incluidos los vecinos más próximos a ellas. ¿Es el Instituto de Medicina Legal una amenaza para la convivencia en Fontiñas? Sin duda, no. ¿Tiene que ubicarse lejos de una zona residencial porque es insalubre? Es absurdo. ¿Tiene el Concello alternativas? Difícilmente, porque la otra parcela posible será necesaria en un futuro no muy lejano para un servicio público que requiera mayor superficie. ¿El Imelga da mejor servicio en las inmediaciones del tanatorio y el cementerio de Boisaca? Su ubicación natural es lo más próxima a la administración judicial, de la que forma parte. Si algo se puede reprochar con solidez en este caso es la miopía de las administraciones -habitual- que cuando proyectaron el edificio de los juzgados de Fontiñas, en el lado opuesto del barrio, junto a la avenida de Lugo, se quedaron muy cortas y ahora hay una segunda sede para los juzgados de lo social y tendrá que haber esta otra, polémica aparte, para el Imelga. No estamos hablando de levantar un edificio de viviendas de lujo con vistas a los montes Viso y Gaiás, sino de un equipamiento público en una parcela predestinada a ello en el planeamiento urbanística. El gobierno local debe escuchar primero, siempre, y después decidir. En el «caso Imelga» ya cedió una vez, y no parece que ahora vaya a dar marcha atrás. Y hará bien.