No tengo ninguna duda. En una ciudad tiene que haber vecinos, residentes y después legítimos intereses empresariales. No elegimos un gobierno municipal ni autonómico para que gestione la ciudad exclusivamente como un destino turístico y, en consecuencia, sus principales acciones de gobierno vayan encaminadas a llenar el casco histórico de miles y miles de turistas para que después unos privados, con iniciativa muy loable, se beneficien de dicha política pública. Es una opción, sin embargo, defiendo que los políticos fueron elegidos para que gobiernen y tomen decisiones sobre el casco histórico sin perder de vista, en primer lugar, la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y, a continuación, todo lo demás. No hay que olvidar que trabajar por la calidad de vida también lo es trabajar por la conservación y protección del patrimonio artístico. No rechazamos el turismo, la capitalidad de Galicia o la universidad que sí deben ser entendidas como oportunidades y privilegios extraordinarios que tenemos que cuidar y mimar pues contribuyen decididamente al desarrollo local pero, eso sí, este debe de satisfacer una condición. Que, de ninguna manera, ello pueda contribuir a la gentrificación de la ciudad histórica. Esto es, a la expulsión de sus vecinos, residentes y, con ellos, a los empresarios y comerciantes orientados a darles servicios. Así pues, sabiendo que la demanda de viviendas turísticas no es consecuencia del buen hacer de los privados, sino una consecuencia directa de las políticas públicas municipales, quiero romper una lanza en favor de la decisión municipal de la modificación del PXOM para regular los pisos de uso turístico. Y decir a la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, que no está sola y que muchos vecinos aplaudimos que esté trabajando en un documento consensuado con los grupos de la oposición y asociaciones vecinales para que, sobre todo, esta iniciativa privada no contribuya a expulsar o sustituir a vecinos y/o residentes por turistas. La iniciativa privada en una ciudad patrimonio de la humanidad debe tener el límite del interés general. Y por ello es tan importante que haya servidores públicos que no tengan dudas en defenderlo.