Sanciones


Hay que atinar con el punto de equilibrio, con el fiel de la ecuanimidad en la balanza de lo que se debe hacer cumplir por el bien común con sanciones para los infractores. No siempre es fácil. En caso de duda, más valdría quedarse corto que excederse, porque cuando esto sucede, el sufrido ciudadano puede sentirse víctima de abuso por parte de las administraciones, con el fin nunca confesado de conseguir una fluida vía de financiación extra para la hacienda pública o, en el peor de los casos -porque atentaría contra sus libertades-, de control sobre los administrados propio de un estado policial. Por ejemplo: nadie debe dudar de la proporcionalidad de las medidas restrictivas con las que se pretende frenar las catastróficas consecuencias de la progresión desbocada del covid, no solo por la mano dura frente a negligencias contumaces como las fiestas en pisos, sino incluso cuando parte de los ciudadanos, que han cumplido todo lo que se les ha exigido, sufren en su propio medio de vida tales restricciones -véase los hosteleros compostelanos, hoy- hasta el punto de sentirse víctimas de una injusticia. Este contexto de emergencia social magnifica la ya de por sí, en circunstancias normales, dudosa justificación de otras acciones disciplinarias sobre aspectos de la vida cotidiana de los vecinos que son presa fácil, en especial sobre el tráfico. Sería satisfactorio, aunque probablemente erróneo, deducir que ha sido reconsiderada la puesta en servicio de los amenazadores «multamóviles» tras una reflexión en términos de proporcionalidad, en vez de aplazarla por una cuestión técnica. Tras la voracidad sancionadora de los radares, sería lo más apropiado y lo más inteligente.

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