La regulación de las viviendas turísticas en Santiago ha entrado en una vía sin retorno con la decisión del Concello de aplicar un veto cautelar a las nuevas aperturas en casi toda la ciudad en espera de una reglamentación definitiva bajo el paraguas jurídico del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Para evitar la avalancha antes de que se aplique el filtro a nuevas incorporaciones, era obligado acelerar este veto, que salvo sorpresas improbables se aprobará en el pleno del jueves. Pero falta que la Xunta, que es quien tiene las competencias sobre los alojamientos turísticos, acompañe al Concello, porque si mantiene abierto su registro legalizador, la iniciativa municipal estará condenada al fracaso. Desde que llegó Bugallo a la alcaldía hay un trasfondo de buenrollismo en las relaciones entre ambas administraciones, pero ha de ponerse a prueba en la toma de decisiones sobre cuestiones claves para la capital, y esta lo es porque, al final, lo que está en juego no es dar más o menos margen a una actividad que puede ayudar a muchas economías domésticas, cosa que, si bien hay que tener en cuenta, no es la esencial. Lo verdaderamente trascedente es que nos jugamos un factor de supervivencia de Santiago como ciudad viva, ya en muy grave peligro en el casco histórico y con achaques serios en el Ensanche. El problema es mayúsculo y, al margen de los criterios que se decidan para regular esta actividad, ofrece múltiples aristas que hay que abordar, desde el enorme volumen de pisos vacíos hasta la ausencia de una política de vivienda social. Pero el veto cautelar y el pedaleo conjunto Raxoi-San Caetano deben ser el punto de partida.