La falta de equipos de videoconferencia y los continuos fallos técnicos hacen que se suspendan declaraciones e incluso que algún juicio se haya tenido que repetir
03 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La Justicia es el patito feo de los poderes del Estado. España está a la cola de Europa en número de jueces y fiscales por habitante y la falta de medios humanos, materiales y tecnológicos es el denominador común en todos los partidos judiciales. El de Santiago está, además, en peor situación que otros de su tamaño e importancia porque ni desde el Gobierno central ni desde la Xunta se han cubierto las necesidades mínimas que tiene una ciudad que, pese a su tamaño medio -no llega a 100.000 habitantes-, es la capital de la comunidad y la sede de las instituciones autonómicas, lo que hace que en Compostela se concentren buena parte de los litigios en los que la Administración es protagonista.
La decisión del Ministerio de Justicia de dar marcha atrás a su negativa a crear el cuarto juzgado de lo social en Santiago es una batalla ganada, pero quedan otras muchas. No solo en forma de refuerzos en asuntos tan sensibles como familia o violencia de género, sino también con más juzgados de lo contencioso e incluso de instrucción. Y medios tecnológicos. En Santiago hay serios problemas de funcionamiento diario porque no hay suficientes equipos de videoconferencia, porque los que hay fallan con mucha más frecuencia de lo tolerable y porque también se producen fallos en los sistemas de grabación de juicios que incluso han provocado que se haya tenido que repetir alguna vista.
No parece de recibo que en pleno siglo XXI, en la era de las telecomunicaciones, cuando se acaba de presentar en la feria de Barcelona un sistema que gracias a la tecnología 5G permite llevar a cabo operaciones quirúrgicas a distancia, en los juzgados compostelanos haya constantes problemas técnicos para hacer declaraciones a través de videoconferencia. Fallos que no solo entorpecen la labor de la Justicia, sino que muchas veces directamente la impiden, porque no es posible completar una declaración en un juicio, algo que sucedió la semana pasada en una vista celebrada en la sección sexta de la Audiencia Provincial -la sala de mayor rango de la ciudad-, en la que la Fiscalía tuvo que renunciar a interrogar a un testigo tras dos fallos consecutivos en el equipo que frustraron la videoconferencia.
A los constantes fallos técnicos con los que magistrados, fiscales y funcionarios tienen que lidiar hay que añadir la falta de equipos de videoconferencia. El Decanato se queja de que en los juzgados de Santiago solo hay uno fijo ubicado en una pequeña sala y otros tres móviles que son los que se utilizan en los juicios para que los testigos o peritos puedan declarar sin que sea necesaria su presencia física en la sala. También se emplean para los casos en los que los interrogados son presos y siempre que haya que proceder a grabar el testimonio.
Baile de cifras
Los datos del Decanato de Santiago no coinciden con los de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que eleva a ocho el número total de equipos de videoconferencia de los que disponen los juzgados compostelanos, siete de ellos móviles y el último fijo. Además, consideran que los fallos son «incidencias puntuales» que no implican la suspensión de las vistas.
La visión de la Amtega choca con la que relatan los magistrados y funcionarios, que aseguran estar hartos de los problemas que les generan los fallos tecnológicos en su día a día y hablan de problemas para repartir los pocos equipos de videoconferencia entre todos los juzgados.
No en vano, la utilización de videoconferencias aumenta cada año y es el Decanato el que tiene que gestionar las peticiones. En el 2018 se contabilizaron más de 500 solicitudes, lo que ha hecho que el nuevo juez decano, Andrés Lago Louro, nada más llegar al cargo haya solicitado a la Xunta la instalación de más equipos y aspire a contar con uno en cada una de las salas de vistas que existen en los dos edificios judiciales que hay en Fontiñas. Una petición que repercutiría en una mayor agilidad en la celebración de juicios y de las declaraciones.
Pese a la nueva sala, en social seguirán teniendo una carga de trabajo superior a la estipulada
Las cargas máximas de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estipulado para los juzgados de lo social establecen que una sala de esta jurisdicción no debe superar los 800 casos ingresados al año. Las tres que hay actualmente operativas en Santiago estaban asumiendo, en conjunto, 3.600, lo que supone una media de 1.200 cada una de ellas. Es decir, 400 por encima del límite fijado.
Cuando entre en funcionamiento el nuevo juzgado, que será el cuarto de lo social que habrá en Compostela, esa carga de trabajo de 3.600 casos al año se dividirá entre cuatro, lo que supone que cada uno asumirá 900 por ejercicio. Son trescientos menos de los que tenían que tramitar hasta la fecha, pero aún así estarán por encima del máximo que tiene fijado el CGPJ.
Mantener los refuerzos
Por ello, resulta vital que durante un período de tiempo prudencial se mantengan los jueces de refuerzo con los que cuentan ahora los juzgados de lo social de Santiago. Al menos, hasta que se pueda dar cauce a los cerca de 3.000 casos que están actualmente atascados.
Pese a lo dicho por el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, el colapso de los juzgados de lo social compostelanos no tiene nada que ver con la huelga que durante más de tres meses mantuvieron el año pasado los funcionarios de Xustiza. El atasco es absolutamente estructural y no coyuntural y era incluso peor hace cinco años, cuando los efectos de la crisis económica eran más duros, lo que elevó la litigiosidad por cierre de empresas y despidos. En aquel momento, además, no había jueces de refuerzo, que han sido fundamentales en estos últimos años para evitar que el colapso se transformase en caos absoluto.