Santiago no deja de ser una ciudad segura por el hecho de que el año pasado las infracciones con responsabilidad penal hayan aumentado un 8,5 %, el peor dato de las grandes urbes gallegas, ni siquiera con el agravante de que los delitos sexuales y los robos en viviendas se hayan disparado algo más del 20 %. En cifras absolutas, los delitos en la capital no son para echarse a temblar, pero eso no debe distorsionar una doble perspectiva del problema. La primera, muy importante aunque subjetiva, es la que atañe a la percepción personal, de cada ciudadano, sobre la existencia o no de seguridad. Si usted, querido lector, ha sido víctima de uno de los 3.800 delitos denunciados en la capital en el 2017, tiene todo el derecho del mundo, y más, a proclamar que la seguridad es una quimera en su ciudad, y con usted todos sus allegados que saben que ha sido una víctima. Y la segunda, más importante porque en gran parte condiciona esa sensación de seguridad o falta de ella, y porque deriva de las Administraciones públicas a las que todos pagamos con nuestros impuestos: el literal desmantelamiento de las plantillas de los cuerpos de seguridad. Que para patrullar con suficiencia las noches compostelanas no haya policías (ya sean nacionales o locales, da igual, porque en el déficit de efectivos están más equiparados que en sus sueldos) conlleva directamente una sensación de inseguridad en los vecinos, que no recordarán la última vez que vieron los destellos azules atravesar las calles de sus barrios. Y, lo que es peor, los delincuentes tomarán nota: dar el palo en Santiago es pan comido. Y qué más da donde están domiciliados los criminales. Detrás de unos vendrán otros o, probablemente, los mismos.