Fotorrojos


He de confesar que cada sentencia judicial que los fotorrojos van acumulando en su contra por España adelante, y ya van unas cuantas, me deja un poso de satisfacción. Poco a poco se va estrechando el cerco en contra de esta práctica institucionalizada de agresión traicionera a la buena fe de los conductores que, como subraya Automovilistas Europeos Asociados y corroboran multitud de demandas de particulares, «ni garantiza la seguridad vial, ni la seguridad jurídica ni la presunción de inocencia de los ciudadanos». Viene esto a cuenta del último fallo del Supremo que rechaza el recurso del Ayuntamiento valenciano de Catarroja y engrosa la jurisprudencia contra estos instrumentos sancionadores, en este caso al sentenciar que su homologación metrológica no es suficiente. Por imposición legal o por prevención, numerosos ayuntamientos españoles de todos los tamaños y colores políticos han aparcado los fotorrojos. No es el caso del de Santiago, que, lejos de retroceder o simplemente quedarse quieto con sus fotorrojos de la avenida de Lugo, Amor Ruibal, Romero Donallo y la Praza de España, impondrá uno más en la Praza da Paz. Ni los fotorrojos ni otros métodos represores más solventes jurídicamente son la solución contra los atropellos en el casco urbano. Pero es mucho más fácil y, sobre todo, rentable -477.000 euros por 2.583 multas de esos cuatro fotorrojos en el 2016- que educar y concienciar a los conductores para que, cuando la luz pasa de verde a ámbar, frenen en vez de acelerar. Si, además, tenemos sospechas fundadas, por el caso Pokémon, de que los fotorrojos de Santiago fueron oscuro objeto de deseo político corrupto, esa satisfacción está aún más justificada.

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