Con la sentencia que condena a Fernández Castiñeiras da sus últimos coletazos judiciales -faltará el recurso anunciado por la defensa- el caso del robo del Códice Calixtino y el saqueo de la Catedral. Con él se cierra una etapa aciaga de la gestión del templo, cuyo absoluto descontrol ha quedado al descubierto. No es este un asunto interno de la basílica o que competa únicamente a los responsables de su buen gobierno. Por ser un referente para todo el orbe, católico o no, la preservación de sus bienes es tema de interés general, incluidos sus balances, nutridos no solo de las aportaciones de los fieles o del mecenazgo, sino también de fondos públicos.
Por eso será una buena noticia que los responsables del cabildo prioricen -como anunciaron en su momento- la financiación de las costosísimas obras de rehabilitación como destino del botín en efectivo recuperado al exelectricista, 1,7 millones de euros del total de los casi 2,5 millones certificados como sustraídos, que vaya usted a saber si no fueron más, como reconoce el propio deán. La Catedral ha hecho borrón y cuenta nueva y hoy nada tiene que ver la gestión de los asuntos terrenales del templo con lo que acontecía hasta que se produjo la conmoción por el robo del Códice en julio del 2011, no solo por los relevos en su gobierno, también por el vuelco en su estructura administrativa y por el protagonismo adquirido por la Fundación Catedral.
El mantenimiento del inmenso patrimonio monumental catedralicio y su restauración -ahora se paga un déficit histórico por error u omisión de intervenciones- convierte en incuestionable la aportación de recursos públicos que, con los 17 millones de euros comprometidos por el Gobierno central hasta el 2021 y los fondos de otros organismos como el Consorcio, no tiene precedentes. No cabe otra cosa que una gestión inmaculada, sin resquicios por los que pueda colarse otro exelectricista sin escrúpulos.