Deja su aplicación a expensas de la ley que se tramita en el Parlamento
17 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El Ayuntamiento ha suspendido la aplicación de la ordenanza reguladora de la inspección técnica de edificios (ITE), aprobada de forma definitiva en mayo del 2012 y que habría de deparar hasta finales del 2016 la revisión de más de ocho mil edificios con al menos 40 años de antigüedad. Un tercio deberían haber pasado esa revisión ya en el 2012, según el calendario incluido en la propia normativa municipal. Pero no solo no ha sido así, sino que dicha ordenanza no llegó a aplicarse. El Concello no podía hacerlo en ausencia de la tasa que ha de repercutir sobre los propietarios de los inmuebles el coste que esa inspección supondrá para la Administración local. Año y medio después esa tasa aún no existe. Ni se ha creado para el próximo ejercicio.
Y ahora mismo tampoco urge porque la ordenanza ya no será de aplicación. El Ayuntamiento ha decidido suspenderla ante el inicio de la tramitación en el Parlamento estatal de un proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, un texto que ha de regular los límites del deber legal de conservación de los inmuebles y el informe de evaluación de los edificios. Dicho informe vendrá a sustituir a la actual inspección técnica de edificaciones y, ante la considerable modificación del régimen normativo que supondrá, el Ayuntamiento ha decidido suspender la ejecución de su propia ordenanza hasta que concluya la tramitación del proyecto de ley, toda vez que cuando se apruebe este habrá que modificar la ordenanza y adaptarla a lo previsto en aquel texto.
La suspensión deja sin efectos por tanto el calendario que estaba previsto y relativiza la urgencia de cualquier decisión municipal de la que dependiese su aplicación, como la concreción de esa tasa. Pero el coste para los propietarios con inmuebles sujetos a inspección no se limitará al precio que está pendiente de establecer Raxoi.
Revisión obligada
También habrán de hacer frente al coste de la propia revisión, que habrán de realizar técnicos competentes. El Concello estaba pendiente de fijar, desde el mismo momento de la aprobación de la ordenanza, un convenio con el Colexio de Arquitectos para homologar precios.
Estas inspecciones serán obligatorias para todos aquellos edificios que indique la normativa y no hacerlas o no asumir las obras que se deriven de ellas para garantizar las condiciones exigidas de seguridad, habitabilidad y funcionalidad puede acarrear multas. A expensas de lo que determine la futura ley, la ordenanza municipal dejaba margen para esa sanción hasta los 6.000 euros y la posibilidad de ordenar esas mejoras de forma subsidiaria.