María Pardo se enfrentó a Rebeca Domínguez por no aprobar la deuda con Sermasa en la tensa reunión del PP de Santiago
18 ene 2013 . Actualizado a las 13:16 h.La fractura del PP de Santiago es evidente desde que Ángel Currás sustituyó en la alcaldía a Gerardo Conde Roa cuando este fue imputado por delito fiscal tras defraudar a Hacienda. Esa división interna ha ido aumentando hasta estallar definitivamente en la reunión que el pasado lunes mantuvieron los concejales del gobierno local.
La cita se convocó como tantas otras reuniones de coordinación que el PP compostelano celebra los lunes. Solo había como diferencias la hora, ya que en lugar de la tarde se trasladó a las nueve de la mañana, y que, además de los ediles, estuviesen presentes el secretario, el interventor y varios asesores, algo que no es habitual.
En seguida quedó claro a qué se debía la presencia del secretario, que dedicó su intervención a explicar que, pese a ser algo irregular, no había mayor problema en que el Concello reconociese la deuda de 537.590 euros con Sermasa por la limpieza, consejería y control de trece colegios de infantil y primaria y siete polideportivos.
Explicó el secretario que el contrato había expirado y que la empresa había seguido prestando el servicio y presentando facturas que ahora había que abonar. Una decisión que carecería de importancia de no ser porque Sermasa es una empresa de Vendex, el grupo que está en el núcleo de la investigación de la operación Pokémon por el presunto pago de comisiones económicas y de regalos a políticos a cambio de adjudicaciones de servicios públicos.
La mancha de Vendex
Y lo peor es que el alcalde y ex concejal de Educación, Ángel Currás (PP), la actual edila de Educación, Rebeca Domínguez, un funcionario del departamento de Contratación y el jefe del de Educación están todos imputados en el caso. Y, evidentemente, nadie quiere que la mancha caiga sobre su camisa.
Fue por eso por lo que Domínguez se negó a firmar el expediente pese a que el alcalde le insistiese en que no había nada raro. Ante su tajante negativa, llegó a acusarla de dejación de funciones y la amenazó con retirarle el sueldo. La concejala de Educación, que llegó al borde del llanto, mostró entonces las dos versiones del informe del jefe de su departamento, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, y se las llevó al regidor advirtiéndole que había habido una falsificación y que en la nueva versión del documento se la culpaba a ella en exclusiva del pago de la deuda a Sermasa. Currás se quitó los papeles de en medio diciendo «yo no quiero ver nada» y los tiró encima de la mesa.
Una «encerrona»
La palabra «encerrona» empezó a musitarse entre los labios de varios concejales, que creen que la reunión estaba montada para que Rebeca Domínguez cargase con la culpa de una decisión que ya saben forma parte de la cuantiosa documentación que obra en poder de la jueza de Lugo que investiga la Pokémon.
La versión de la reunión-encerrona cobró fuerza entre los ediles cuando ninguna de las tres alternativas que ofreció la edila fueron aceptadas por Currás. Para que se reconociese la deuda sin que ella firmase, Domínguez propuso que el pago se incluyese en el presupuesto de este año, que el alcalde recuperase la competencia de Educación para este asunto y firmase él o que se la revocase definitivamente y se la confiase a otro concejal para que firmase.
Fue en ese momento cuando María Pardo estalló. La concejala de Urbanismo forma parte del núcleo duro de Ángel Currás junto a la teniente de alcalde, Reyes Leis. Cuando Domínguez le dijo a Pardo «¿pero esto no es tan legal?, pues que delegue en ti» ella, visiblemente alterada, le espetó: «Vale, yo firmo, pero tú dimites mañana».
Pero nadie firmó. Porque nadie en el gobierno local quiere asumir esa responsabilidad. Currás porque sabe que su imputación le ha puesto con un pie fuera de Raxoi y para evitar tener que dimitir quiere que todo lo tocante con Vendex cargue sobre otros hombros. Y Domínguez porque no se fía de qué hizo el alcalde cuando fue concejal de Educación, una desconfianza que ya es mayoría entre sus concejales. Los críticos ya suman ocho de trece. Una situación insostenible.