El requerimiento del Concello de Ordes a los vecinos del número 14 de la rúa Nova para que abonen el coste del derribo de este edificio, fuera de la legalidad urbanística, cifrado en 221.000 euros, levantó una bronca en toda regla en el pleno ordinario ordense.
Dicha orden municipal, por la que cada vecino tendrá que abonar 17.000 euros por la demolición de la construcción, fue desvelada por el portavoz de los nacionalistas, Gonzalo Castro, que acto seguido afirmó que cuando se concedió la licencia el responsable del área era el actual alcalde, Manuel Regos, quien perdió la paciencia y le espetó a Castro que tenía «pouca vergonza» de sacar ese asunto en el pleno, puesto que «o promotor da obra foi un tío seu» ya fallecido, por lo que «xoga a un dobre xogo». La teniente de alcalde, Silvia Marín, puso un poco de paz y aclaró que se han mantenido numerosas reuniones con los propietarios, que han presentado alegaciones.
No fue el único asunto polémico del pleno. También salió a colación la contratación por parte de la empresa Sermasa, investigada por la operación Pokémon y que gestiona la guardería municipal, de la pareja de un concejal, una situación que según Castro, que anunció que destaparían más casos de este tipo, es «habitual» en Ordes. Marín replicó que «existe a igualdade de oportunidades» para todos, incluida la pareja del concejal, y anunció que emprendería medidas legales contra el portavoz nacionalista por las acusaciones vertidas sobre esta contratación. El PP, por su parte, solicitó acceder a la documentación sobre la concesión de la gestión de esta guardería.
Además, el pleno tomó el acuerdo de apoyar la moción del socialista Xesús Pedreira sobre la puesta en marcha de un centro para emprendedores en la primera planta de la Plaza de Abastos. Para acondicionarla, el Concello opta por la solicitud de un taller de empleo por valor de 70.000 euros.
Además, se aprobó una moción del PP para pedir a Audasa que acondicione plazas de párking en el área de peaje.