La renuncia llega en el mismo día en el que el juez Vázquez Taín ha dictado el auto que confirma la imputación por un delito fiscal al no haber presentado la declaración del IVA por la venta de 61 viviendas en el 2010, lo que implica un supuesto fraude y una deuda con la Hacienda Pública de 291.000 euros.