El Concello deberá devolver 182.000 euros de un impuesto mal cobrado

La Voz

SANTIAGO

Si la construcción no está proporcionando los esperados beneficios económicos al Ayuntamiento de Santiago, debido a que muchas de las edificaciones son residenciales públicas, encima ve cómo determinadas percepciones se le vienen abajo por resoluciones judiciales. Acaba de suceder con el impuesto de obras del edificio institucional de San Lázaro, promovido por la Consellería de Economía, que vino a completar las instalaciones administrativas en torno al Sergas. Un juzgado condenó al Concello a reintegrarle a la adjudicataria 182.000 euros, que con los intereses correspondientes se sitúa en torno a los 210.000.

La obra la efectuó Acciona y el Ayuntamiento le giró el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) como a todo el mundo. Pero la empresa consideró que eso de «como a todo el mundo» no es aplicable en este caso, sino que se trata de una actuación excepcional y acudió a las instancias judiciales para que le devolviesen el monto del impuesto abonado. Raxoi había rechazado la solicitud.

El edificio institucional se tramitó con un procedimiento excepcional que no necesita licencia de obra. En virtud de ello un juzgado compostelano ya había anulado la liquidación de la tasa por la licencia, ya que si no hay licencia no hay hecho imponible. Acciona trasladó la misma argumentación al ICIO, en el sentido de que sin licencia tampoco hay base imponible para cobrar el impuesto.

El Concello, que apelará la decisión judicial, tiene otro punto de vista respecto a este asunto, y así lo expresó en las instancias judiciales. El Concello no observa una conexión entre la liquidación de la tasa de licencia y la del ICIO. Admite que efectivamente si no hay licencia no puede haber tasa, pero considera que la normativa aplicable dice claramente que el ICIO es procedente «se haya obtenido o no licencia, pues lo relevante es la actividad constructiva, que sí se ha producido».

La cifra supone un palo económico para la hacienda local, puesto que los 182.000 euros ya estaban encajados en la programación económica del Ayuntamiento. Y además le caen los intereses de demora. Pero el trámite de excepción de la Xunta le ha privado en este caso del ingreso por el hecho de que no había licencia por medio.