El nuevo plan arranca para los ejercicios 2010 y 2011 con la previsión de ingresar 3,5 millones
SANTIAGO
Las inspecciones contra el fraude fiscal se realizan de acuerdo a un plan de control tributario previamente aprobado por el gobierno local en base al «compromiso de garantir o cumprimento das obrigas tributarias e, polo tanto, a equidade e a xeneralidade na contribución ás cargas públicas». El último se autorizó recientemente, abarcará los trabajos del 2010 y el 2011 -con prospección sobre los ejercicios anteriores no prescritos- y prevé ingresos por 3,5 millones.
Se trata, según las directrices del plan, de mantener una actividad de control del cumplimiento tributario «que garanta a máis eficaz resposta á fraude». En ese sentido, la actuación inspectora alcanzará tanto la verificación «dos incumprimentos menos complexos, como a actividade de investigación, descubrimento e represión das formas máis sofisticadas de fraude», en base a los objetivos de transmitir al ciudadano la sensación de control tributario, de procurar una distribución justa de las cargas tributarias y de contribuir al incremento de la recaudación voluntaria.
En los dos próximos ejercicios se seguirá manteniendo la atención sobre el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obra (ICIO), el IAE, las tasas por ocupación de dominio público y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Este último será en el que se concentre el mayor interés (se prevé hacer 1.500 comprobaciones), mientras que por los restantes tributos se harán 500, aunque el ICIO se considera también prioritario, «dado o importante número de licenzas urbanísticas concedidas nos últimos anos». En este caso se prestará especial atención a las obras que se encuentren en fase de concesión de la primera ocupación
Según las directrices y criterios de este plan, se elaborará una selección de contribuyentes a inspeccionar, salvo en el caso de algunas de las tasas por ocupación de dominio público (entrada de vehículos a través de las aceras, reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas), en que se efectuarán «barridos» para confirmar la existencia de las licencias y el pago de las mismas.