Es como el guardián del sistema, el Robin Hood de los apóstatas frustrados, el tutor de sus derechos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) se define a sí misma como «ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, que actúa con completa independencia de las administraciones en el ejercicio de sus funciones, relacionándose con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia». Con estatuto propio aprobado en virtud de un decreto de marzo de 1993, la Ley le asigna como rol primordial velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico español en este campo, así como por la aplicación de la normativa relacionada con su naturaleza, «en especial, en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos».
Dentro de ese ámbito, se halla capacitada para, entre otras cosas, atender reclamaciones, pronunciarse acerca de proyectos legales, emitir ciertas autorizaciones, requerir la corrección de actuaciones que considere improcedentes e incluso ejercer la potestad sancionadora.