?os servicios jurídicos de la empresa promotora de las viviendas protegidas que fueron objeto de la denuncia de un particular por una supuesta irregularidad en el contrato de alquiler entienden que el contrato no incurre en ninguna anomalía. Además aseguraron que el Instituto Galego da Vivenda tiene copias de los contratos de alquiler formalizados con los inquilinos sin que les hubieran comunicado ninguna irregularidad hasta el momento. La empresa considera que se trata de un contrato entre dos partes y descarta cualquier anomalía por existir un pacto entre el arrendador y arrendatario. La empresa recibió ya comunicación de la investigación abierta por el IGVS y de la denuncia presentada ante el Instituto de Consumo por la misma persona. De alta y de baja En relación con el caso concreto de la denuncia, fuentes de la firma indicaron que a la afectada se le dijo que podía dar de alta los servicios de suministro básicos, pero también que podría darlos de baja cuando terminará su contrato de alquiler, por lo que el arrendador no se beneficiaría del ahorro que le supondría no tener que asumir las altas de servicios. Fuentes de la promotora indicaron que si la Administración autonómica concluye en su investigación que efectivamente es el propietario del inmueble el que tiene que asumir los costes de las altas de los servicios básicos, la empresa abonaría las cantidades pagadas por los inquilinos. Sin embargo, insistieron en que sus servicios jurídicos consideran que no hay ninguna normativa que les obligue a asumir las altas de los tres servicios básicos de electricidad, gas y agua.