El consejo de administración de Emuvissa aprobará hoy facilitarle a Plavimundo, como adjudicatario de tres parcelas (existía un problema jurídico con una de ellas, a causa de una herencia, ya resuelto) el acceso a la financiación bancaria para poder construir más de un centenar de viviendas en dichos terrenos. La empresa está sujeta a una cláusula legal de obligado cumplimiento de las normas de calidad, y Emuvissa prioriza la hipoteca sobre esa cláusula para que el banco pueda financiar la operación. Es un acto meramente formal, pero un signo de que todo irá adelante con normalidad, y de que, una vez superados los trámites correspondientes, la empresa comenzará las obras de las viviendas en breve plazo. La urbanización ya está iniciada y las viviendas estarán construidas dentro de año y medio. Buena parte de quienes suscribieron el contrato privado de compra con Plavimundo, por encima de los precios legales, han logrado la anulación del compromiso y, en su caso, la devolución del dinero. En su momento, Plavimundo condicionó la adjudicación de las viviendas a la rúbrica del acuerdo para sufragar las mejoras. No obstante, la venta de las viviendas es una competencia de la empresa, que puede adjudicárselas a quien estime oportuno siempre que cumpla los requisitos fijados por la legalidad vigente. Una de ellas es la acreditación de ingresos no superiores al 5,5 veces el salario mínimo. Extinguida Los responsables municipales aclaran que Plavimundo es propietaria de las parcelas, y el Concello se las adjudicó en pago de las expropiaciones de los terrenos ya de su propiedad, de acuerdo a lo convenido. Consideran que la polémica que rodeó a este asunto está ya «extinguida». Este tema supuso en su día una auténtico fuego cruzado entre los dos socios de gobierno, pero los nacionalistas opinan que el caso Plavimundo debe tener consecuencias para las actuaciones en materia de viviendas protegidas que se tramiten, y es la de que exista un control del proceso y una protección normativa. El pasado verano, en medio de la polémica, el BNG pidió que el Ayuntamiento se encargase de gestionar la lista de adjudicatarios de las viviendas protegidas, competencia que no va asumir la Adminsirtación local. No obstante, para Néstor Rego la solución es legal. A juicio del edil hay una laguna legal clara (demostrada con la resolución del IGVS) que es preciso cubrir enseguida, por lo que es necesario proceder a una modificación de la Lei do Solo que recoja el este supuesto. De esta forma «haxa ou non calificación de vivenda protexida ten que haber un criterio legal de actuación a todos os efectos». El propio alcalde subrayó en su día la necesidad de establecer las garantías necesarias para prevenir los abusos.