El Ayuntamiento afirma que tuvo que poner incluso dinero La corporación provincial dice que la mayoría de las obras carecen de acuerdo plenario
26 abr 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Ayuntamiento y Diputación se culpan mutuamente del incumplimiento de buena parte del plan plurianual de arquitectura popular, del que únicamente se ejecutarán dos de las siete obras previstas. El grupo de gobierno explicó ayer que la Diputación sólo concedió dos obras, y «encima tivemos que poñer seis millóns de pesetas para que unha se levara adiante», en relación al órgano de San Miguel. La otra es la calzada de Sar, cuya adjudicación les fue solicitada este año en el apretado plazo de una semana, según pusieron de manifiesto los concejales Bernardino Rama y Encarna Otero. «Non houbo desidia por parte do Concello, e enriba si houbo aportacións de diñeiro», señalan. La alusión obedece a que el plan plurianual de arquitectura está financiado íntegramente por la Diputación. En relación a la otra obra seleccionada por el Concello con posibilidades de ir adelante, la capilla de San Silvestre, el gobierno local afirma que la restauración de la capilla está prevista por el Consorcio, aunque estudiará la posibilidad de que pueda realizarse alguna obra complementaria. Respecto a las demás obras, el grupo de gobierno refiere que son vecinales e ignora qué pasó con ellas: «Non é verdade que perdéramos subvencións para obras». Los responsables municipales ponen en el punto de mira de sus criticas a la Diputación y a su vicepresidente Dositeo Rodríguez. La Diputación expresa a través de un informe técnico que en el caso de la capilla de San Silvestre no se reflejó ni el proyecto ni el importe exacto hasta el año 2001, y la obra puede contratarse una vez que se pase el presupuesto de pesetas a euros. En las demás actuaciones (excepto en las dos ya encauzadas), faltan distintos documentos para su tramitación. Y todas carecen de la certificación de su aprobación por el pleno municipal, que a juicio de la Diputación es fundamental. Esta organismo achaca al Concello la responsabilidad de los fallos y retrasos de los proyectos.