El nacimiento del Instituto de Rehabilitación (la denominación pudiera modificarse) es una iniciativa que tiene el visto bueno de los socialistas y de los nacionalistas, aunque con matizaciones. Dentro del BNG, la mayor defensora del organismo es Encarna Otero, pero su sucesor en el cargo, Néstor Rego, la asumirá sin convecimiento. Fuentes consultadas por este medio ponen de relieve que este proyecto no convence a Rego, pero que lo que menos desea es tener enfrentamientos en el grupo con Encarna Otero en este momento, por lo que podría dejar hacer. En ese sentido, el Instituto saldrá adelante inicialmente sin obstáculos.En principio, según refiere el gobierno municipal, el organismo coordinador de la rehabilitación se extenderá a todo el ámbito municipal, excepto el casco viejo, en donde opera la Oficina del Consorcio. Ésta, según los gobernantes locales, seguirá adelante con sus actuales funciones y al margen del futuro Instituto: «Mentras cumpra ese obxectivo e aposte por el, queremos que continúe a tarefa que está facendo no casco vello e apoiarémola totalmente».Otras fuentes, sin embargo, dan temen que la rehabilitación del casco antiguo y sus técnicos terminarán integrándose en el nuevo organismo coordinador tarde o temprano. Esta cuestión enlaza de alguna forma con el polémico proceso vivido por la oficina consorciada.Raxoi asegura que el Instituto tendrá una «inxente» labor que cubrir, especialmente en el ámbito rural y en el Ensanche, sin tener que abarcar el centro histórico, aunque no descarta que haya acciones puntuales en esta área. En su amplio contexto, prestará especial atención a los núcleos rurales, en una «laboura de microcirurxía e traballo artesanal» y de asesoramiento e implicación de los vecinos.Quienes se muestran disconformes con la institución que pretende crear Raxoi son los sindicatos municipales. Fuentes de UGT y CIG manifestaron su desagrado por la puesta en marcha de nuevas entidades al margen del organigrama municipal. También han encontrado resistencia en otros municipios, como es el caso de Granada, en donde las centrales presentaron alegaciones al Instituto Municipal de Rehabilitación.