Lo que parece estar en juego es más la seguridad del ámbito presidencial que la cuestión urbanística. El Concello garantiza la aportación de espacios en el entorno que cubran las compensaciones requeridas por Urbanismo. Al margen de la decisión del Ejecutivo gallego, el PP local anuncia que se opondrá a la operación do Espiño al considerar que tiene un carácter especulativo y que será uno de los caballos de batalla de su política. «Denunciarémola porque é un escándalo», señalan los ediles populares. El PP arguye que el espacio de la finca do Espiño está catalogado como singular en le que no puede haber ninguna otra construcción que la ya existente, y en la que el Concello autorizará una superficie máxima construida de 8.354 metros cuadrados para la construcción de una residencia privada para mayores. Una superficie que excede las pretensiones de la parte privada (4.500 metros cuadrados). «Na ordenación do PXOU e o Plan Especial a finca resultaba vinculada singularmente e cun extremo grado de protección a un fin de utilidade público, con total restricción dos deritos dominicais privados», aduce el PP. Los populares consideran que el gobierno local se subió al carro de Monte Pío para ampliar el ámbito y dar cabida a un «gran negocio». El gobierno local se defiende arguyendo que la ley ampara la integración de todo el sector.