El concejal de Educación, Xosé Manuel Iglesias, considera que la situación del colegio López Ferreiro exige una urgente solución jurídica: «Este centro ten que ter un coidado especial e necesita unha intervención inmediata e profunda». Pero la Xunta, que reconoce la necesidad de intervenir, no lo hace alegando la titularidad universitaria del centro. «A administración educativa debe acometer obras o antes posible para mellorar e adaptar os espacios internos e correxir as deficiencias estructurais». Y, obviamente, precisa una intervención que adecúe su estructura arquitectónica a las nuevas edificaciones previstas en Xoán XXIII. Lo que, pese a todo, no entiende el responsable municipal de Educación es que la consellería se escude en las cuestiones jurídicas para actuar. Los responsables autonómicos han reconocido a este medio que el colegio precisa reformas por un monto de más de 700.000 euros, de acuerdo a las visitas técnicas realizadas en su día al centro. «É urxente que se fagan as obras, sexa quen sexa o titular do colexio», dice Xosé Manuel Iglesias. La comunidad escolar del centro puso en conocimiento de la delegación de Educación la preocupación por el futuro y el presente (obras que no se ejecutan) del colegio y los argumentos expresados en las alegaciones formuladas a la operación de Xoán XXIII.