Cuatro trabajadoras demandaron a cincuenta compañeros, al comité de empresa y a la fundación sanitaria En el Juzgado de lo Social número uno de Santiago quedó ayer vista para sentencia una demanda de cuatro empleadas del Centro de Transfusión de Galicia contra cincuenta compañeros. El motivo de fondo es la disputa de plazas para trabajar en la ciudad y la discrepancia por como se adjudicaron. La empresa, CC OO, CIG y el comité de empresa coincidieron en oponerse a las pretensiones de las dos enfermeras, la médica y la auxiliar demandantes, en una vista que abarrotó la sala de audiencia.
30 may 2000 . Actualizado a las 07:00 h.Sólo tres demandados no se presentaron. El resto estuvieron en el Palacio de Justicia toda la mañana, hasta las 14.30: la vista estaba señalada para las 10.10, pero empezó a las 12.30 por demoras de juicios anteriores. Al ser todo el personal de hemodonación, ayer no funcionó esta prestación de la fundación sanitaria. El problema se debe a que el Centro de Transfusión empezó a funcionar en Santiago y con los años aumentó sus sedes a las otras seis ciudades gallegas. En la selección inicial de personal no se adjudicaban los empleos a una plaza concreta El problema surge al aprobarse un convenio colectivo, en 1998, y al decidirse atribuir los puestos de trabajo de cada una de las siete sedes. Criterios dispares La empresa y el comité hicieron propuestas diferentes. Ambas respetaban los deseos de la mayoría, excepto los de cuatro empleados. Los nombres de éstos variaban según se aplicase un criterio u otro. Para decidir, tras informar al personal, se convocó un referendum, en el que venció la propuesta del comité de empresa por 27 votos a 21. Después el proceso lo valoró el Consello Galego de Relacións Laborais, que emitió un laudo. Cuando todo estaba decidido y se conoció la adjudicación provisional de plazas, Nieves Hermes, Elsa González, María Valdés y Minia Castiñeira acudieron al juzgado. Lo hicieron por considerarse perjudicadas y valorar que debían permanecen en sus actuales destinos (las enfermeras y la auxiliar en Santiago, la médica en Pontevedra), por derechos adquiridos. El resto del personal justificó que las cuatro participaron en las asambleas informativas y en el referendum y exigieron respetar el resultado. El juicio fue muy lento, pues hubo que identificar a las 50 personas demandadas y ver qué abogado las defendía: ocho eligieron el de CIG, nueve optaron por representarse a si mismas (ocho de éstas se sumaron a los argumentos del abogado de CC OO y una no dijo nada) y al resto les representó el abogado de CC OO. El único testigo fue José Luis Marcos, dirigente de la Federación de Traballadores da Saúde de CC OO.