El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra sale de prisión, pero no podrá acercarse a la entidad
PONTEVEDRA CIUDAD
Carlos Fernández, su esposa y su hija, llevaban casi cuatro meses en prisión provisional porque la Fiscalía temía que borrasen pruebas
08 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo decretó ayer la libertad, sin fianza, del presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra (Coepo), Carlos Fernández, de su esposa y de su hija. Salieron de la penitenciaría de A Lama esa misma tarde. Los tres están investigados por supuesta administración desleal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Llevaban casi cuatro meses en prisión provisional porque la Fiscalía temía que borrasen pruebas. Hasta ahora, sus recursos presentados para salir de A Lama habían sido desestimados, precisamente, por el temor a que eliminasen pistas o coaccionasen a testigos. La situación cambió una vez que los administradores judiciales presentaron recientemente el informe de las cuentas del colegio, por lo que las pruebas quedan a salvo. El informe detectó diversas irregularidades contables en el colegio.
El TSXG explicó que el juez, como medida cautelar, les ha impuesto la prohibición de aproximarse al Colegio de Enfermería, que tiene sedes en Vigo y Pontevedra. Se entiende que es para que el directivo, que lleva varias décadas al mando, y su familia no puedan eliminar pruebas o influenciar a los trabajadores o algunos miembros de la junta de gobierno. Técnicamente, Fernández sigue siendo presidente del colegio, pero no podrá asistir a las juntas de gobierno que se celebren en la sede de la entidad al tener prohibido el acceso.
Al parecer, según fuentes cercanas al caso, el presidente está dispuesto a celebrar una rueda de prensa para dar a conocer sus avatares y su versión de los hechos. A día de hoy, conserva el cargo, su foto preside la web oficial y la junta de Gobierno tampoco ha convocado nuevas elecciones. El poder real reside en los dos administradores judiciales que intervinieron el colegio. Fernández fue denunciado por un opositor de la junta de gobierno, quien en repetidas ocasiones ha pedido su dimisión.
Carlos Fernández ingresó en prisión el 12 de marzo de forma comunicada y sin fianza en calidad de investigado junto a su esposa y su hija. Sus sociedades, Galaprint S. L., Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, Igaf S. L. y Gestión Jurídica Gallega S. L., quedaron controladas por los administradores judiciales.
En su día, la defensa pidió la libertad porque cuestionó la existencia de indicios que pudiesen motivar la prisión provisional y los argumentos para evitar el riesgo de fuga. Los investigados alegaron que estaban arraigados en Vigo y sus cuentas y productos bancarios estaban bloqueados. También negaron que pudiesen destruir pruebas, ya que las medidas adoptadas por el juzgado lo impedirían. Y en caso de que los testigos fuesen coaccionados, podrían presentar denuncia.
Además, los registros realizados en las empresas y el Colegio de Enfermería redujeron el riesgo de una obstrucción a la Justicia. Por otra parte, la toma de declaración de los testigos, trabajadores, asesores y posibles testaferros rebajó la posibilidad de que los influencien o los coaccionen para que hablen a favor de ellos.