La Xunta vuelve a penalizar a la hostelería local por un mega brote ocurrido a 1.200 kilómetros, e impide la reapertura del ocio nocturno a pesar del aumento de botellones
04 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Es evidente que la pregunta que titula hoy este artículo es meramente retórica. Todos sabemos desde ayer quién vuelve a pagar el pato de este subidón de contagios y casos activos, empujado por la inconsciencia de decenas, cientos, miles de jóvenes de toda España que se fueron a Mallorca a «relajarse». En una semana, Galicia ha experimentado una explosión de contagios. El total de infectados por coronavirus supera las 2.000 personas, con el triste honor de que el área sanitaria Pontevedra y O Salnés encabece la clasificación de incrementos de esos indicadores epidemiológicos.
El domingo anterior reflexionaba desde esta contraportada sobre el mazazo que ha supuesto el megabrote que ha revertido la desescalada en España con comunidades autónomas como Galicia tremendamente perjudicada y municipios como Pontevedra que, lamentablemente, sobresale en ese trazo negativo. Obviamente no es culpa directa de la ciudad ni de todos sus habitantes. Pero la cuota de responsabilidad de decenas de estudiantes de institutos de esta capital que fueron a «relajarse» a Palma después de la ABAU, nos cuesta dinero, trabajo y arriesga la salud de muchos.
Castigo lacerante
Los 35 expertos sanitarios que forman el famoso comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia desde 2020, no tienen por qué saber ni entender de actividades económicas. Su cometido es aconsejar en materia sanitaria a lo largo de esta pandemia. Conozco a algunos de ellos personalmente y no dudo de que se mueven por criterios científicos. Les disculpo que puedan tener responsabilidad total o parcial de este nuevo castigo lacerante al sector de hostelería de la ciudad de Pontevedra y demás concellos del área que desde la medianoche del viernes hemos entrado en restricciones de tipo medio.
Pero al presidente de la Xunta y a otros cargos del gobierno gallego no les cabe disculpa alguna. Una vez más en esta pandemia, Alberto Núñez Feijoo y su gabinete han puesto en el cadalso a la hostelería con el propósito de restringir hábitos sociales. En este último repunte, lo que ha pretendido ser una medida sanitaria, se ha convertido en la enésima penalización de un sector al que se criminaliza, de nuevo. De nada ha servido que la hostelería se haya implicado durante meses en la aplicación de los protocolos anti-covid con la instalación de medidores de CO2, códigos QR, pantallas, distancias, aforos y demás medidas que se les han requerido.
Para acotar el disparo de contagios y casos activos que ha devenido de los viajes de estudiantes a Mallorca y de las celebraciones privadas de San Juan, la Xunta ha tirado, de nuevo, por la vía más fácil: cercenar una actividad que es fundamental en la economía gallega, como acreditan los datos de empleo y porcentaje del PIB.
En lugar de comprensión y tacto, la hostelería de Pontevedra vuelve a recibir otra patada en la entrepierna. Como ya han verbalizado diversos portavoces locales del sector, ¿qué culpa tiene un bar, una cafetería o un restaurante de Pontevedra de la irresponsabilidad de cientos de jóvenes que se fueron a divertir a 1.200 kilómetros de distancia de nuestra ciudad?
Me pasmó escuchar a Feijoo cuando apelaba a la seguridad del ocio nocturno que reabría el jueves, frente al peligro que entrañan los botellones.
Cúmulo de despropósitos
El megabrote con su enorme capacidad de transmisión ha puesto en evidencia un cúmulo de despropósitos. De entrada, una nula política de prevención por parte del Govern de las Islas Baleares que priorizó la caja que iba a hacer el sector turístico de Palma en lugar de prohibir la afluencia de miles de jóvenes bachilleres de la Península que acudieron a pasárselo bien durante unos días para olvidarse de las tensiones de los exámenes de acceso a la universidad.
Una vez declarado el brote, el gobierno balear, que ni impidió el concierto de reguetón en la plaza de toros ni las numerosas fiestas ni los botellones, optó por recluir en un hotel a numerosos estudiantes peninsulares -unos cuántos de ellos, gallegos- para cuarentenarlos hasta que una jueza falló en contra de la medida.
En medio, papelón de ciertos padres y madres que acusaron a las autoridades baleares de haber sometido a sus hijos e hijas a una especie de Guantánamo sanitario. La simple constatación de los positivos aparecidos en las pruebas PCR cuando han llegado a Lavacolla y a Valencia, desmiente la supuesta inocencia de muchos de esos chicos y chicas y subraya la candidez de esos padres. Qué, por cierto, habrán sido los paganos de los viajes de sus vástagos. ¿A esos padres y madres no se les ocurrió pensar en el riesgo que corrían sus hijos, ellos y nosotros?
Del mismo modo, la Xunta de Galicia estuvo muy lenta en determinar el peligro que implicaba el retorno de decenas de jóvenes gallegos para asistir a las ceremonias de orlas y fiestas de graduación que se desarrollaron hace dos semanas. Es después de esas celebraciones -como las del viernes 18 de junio en Pontevedra- cuando la autoridad sanitaria gallega reacciona.
Y por último, no entiendo la obcecación de la ministra de Sanidad y de los gobiernos autonómicos en retrasar la vacunación de los menores de 20 años. No hay actualmente grupo de edad más peligroso para consigo mismos y para con todos los demás. ¡Y con todo el verano por delante!