El presidente de la concesionaria rechazó «razón de interés general» para dejar de cobrar íntegro el viaje de vuelta de Vigo pese a lo firmado con la ministra Ana Pastor
30 dic 2017 . Actualizado a las 20:06 h.La insensibilidad que ha mostrado Pedro Pérez, presidente de Itinere, empresa matriz de Audasa para con una parte sustancial de la clientela de la AP-9 que utilizamos el tramo Pontevedra-Vigo y viceversa, evidencia un nulo respeto a miles de ciudadanos conductores que contribuimos con nuestro dinero a que esa autopista sea una máquina implacable de recaudar cuartos.
Con argumentaciones como las efectuadas por el presidente de Itinere, incluso las del mismo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la entrevista que ofreció esta semana La Voz de Galicia, se está alimentando una sensación de cabreo generalizado que no va a tardar en aflorar. En la ciudad de Pontevedra, la Federación de Asociaciones de Vecinos Castelao, que lidera desde el 2007 la Plataforma Antipeaxe, abordará en fecha próxima convocar movilizaciones de protesta que incomoden a la concesionaria, como el pago en cabinas céntimo a céntimo que ha ocasionado monumentales retenciones.
Ruido e interés general
En vísperas del tarifazo, el presidente de Audasa debería cuidar sus declaraciones y ahorrarse calificativos. Valorar como «mucho ruido» la oleada de críticas que han arreciado contra la anunciada subida de peajes demuestra mínimo tacto. Completar su argumentación con que «las infraestructuras deben ser pagadas por sus usuarios», raya en la provocación viniendo del presidente de la concesionaria de una autopista que factura 16.000 euros a la hora; 381.000 euros al día; más de 140 millones de euros al año, de los que declara un beneficio neto de 46 millones. Y con un horizonte de negocio garantizado hasta el 2048, fecha límite de la concesión -prorrogada- que disfruta. Cómo se explicaría si no que un fondo de inversiones norteamericano de nombre inquietante Corsair Capital (Capital Corsario) sea el propietario de Itinere, por tanto de la misma Autopista del Atlántico.
Pero el empresario en cuestión se superó a sí mismo con un ejercicio de cinismo pasmoso, a propósito de la reclamación de Audasa para recuperar lo no cobrado desde 2013, con motivo de la bonificación a los conductores que hacemos el Pontevedra-Vigo y vuelta con pago telemático. Audasa lo llevó al contencioso hasta que se le reconoció, de modo que a partir de 2018, recargará en el precio de todos los peajes (todos, no solo en el de Figueirido) un 0,9 % para ir «recuperando» los casi 16 millones de euros de lucro cesante que reclamaba.
El presidente de Itinere dijo al respecto que «la posición de la compañía es que no hay razón de interés general para haber llevado a cabo esa modificación unilateral, porque en ella no hemos participado en absoluto ni la compañía ni el grupo Itinere», afirmó Pedro Pérez. Seguramente olvidándose de que el 28 de diciembre del 2012, el entonces presidente de Audasa, Juan Carlos López Verdejo -un directivo de Itinere- sí que participó firmando con la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, ese protocolo que establecía semejante bonificación. Se trataba de una medida «de interés general» auspiciada por la ministra pontevedresa que pretendió resarcir a los miles de usuarios de ese tramo de la AP-9 con respecto a la evidente diferencia de trato y precios que reciben los conductores de Vigo y O Morrazo.
Qué se sepa al señor Pérez aún no se le ha replicado por parte del Gobierno. Más bien las únicas declaraciones desde el ejecutivo central, las efectuadas por el ministro actual de Fomento a La Voz que resultan desmoralizantes.
Que Íñigo de la Serna zanje la cuestión con que «el Gobierno tiene obligaciones legales» nos trasluce la impresión de un gabinete maniatado y entregado a las empresas que acometen las obras públicas que los presupuestos del Estado no acometen.
Marea-ndo la perdiz
La respuesta del Gobierno de la Nación ha sido tan concluyente como esperable: la actual sede de la Subdelegación de Defensa en Pontevedra mantiene todo el interés para el Ministerio. El edificio de Las Palmeras «cumple a la perfección las funciones necesarias», según la respuesta oficial. Entre ellas sobresale la realización de los trámites y procesos de selección de los aspirantes a hacer la carrera militar. Por cierto acaba de conocerse que 55 pontevedreses fueron seleccionados entre 425 aspirantes que realizaron sus pruebas en la citada Subdelegación.
De modo que el reciente acuerdo del Concello aprobado en pleno corporativo por la mayoría de los grupos municipales y con la abstención del PP, quedó en lo que se suponía: un brindis al sol. La iniciativa de los concejales de Marea Pontevedra para instar la desafección del inmueble con el propósito de reconvertirlo en una guardería pública mareó a la mayoría de la corporación que les acabó por comprar un discurso desenfocado.
La innegable necesidad de más plazas públicas para educación infantil que ciertamente podría acoger un edificio oficial y céntrico en desuso debería encaminarse a inmuebles cerrados y cuya desafección sí se podría justificar mejor.
Por ejemplo, la antigua sede de Hacienda en la plaza de A Ferrería, pues su pretendida venta o conversión en Parador de Turismo son sendos imposibles. Ahí debería aplicarse la presión política y la persuasión institucional con el fin de evitar que semejante edificio acabe en estado de ruina como otros inmuebles oficiales de la ciudad.