Si persiste la presión de la calle y Pedro Sánchez acaba convirtiéndose en presidente del Gobierno, quizás haya reforma legal, aunque la prórroga parece, a día de hoy, blindada
31 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Se trataba de una decisión esperable para todos, incluso hasta para los más críticos contra Ence, que en la noche del viernes salieron en manifestación. Ni siquiera el gobierno municipal de Pontevedra o la APDR dudaban en su fuero interno de que la celulosa iba a disponer de una prórroga en Lourizán que le concedería el Gobierno de Mariano Rajoy. La única duda que cabía era el cuándo. Se aguardaba antes. Y en cambio se ha producido en los minutos de descuento de un gobierno en funciones, aunque «se trate de un acuerdo administrativo reglado», como argumentó la ministra Isabel García Tejerina.
Asimismo, era una decisión esperada por la empresa pastera y su entorno, así como para el Partido Popular, tanto en Pontevedra como en Santiago, quienes esperaban desde hace meses que el Gobierno central tomase esta resolución. Desde la campaña de las municipales de mayo, el PP ha venido telegrafiando que su cambio de discurso iba encaminado a este desenlace. Desde que Alberto Núñez Feijoo abjuró de la tesis del traslado que se inventó Telmo Martín en las municipales del 2003, y que casi le lleva a la alcaldía de Pontevedra, de la que se quedó a un concejal. Pero ese caballo de Troya le aguantó al PP como reclamo electoral un par de comicios autonómicos (hasta el 2012). A partir de entonces, Núñez Feijoo plegó su discurso y era archisabido que habría prórroga, consentida por la Xunta de Galicia.
Cuando la conselleira Beatriz Mato dice que el Gobierno gallego no aplaude la decisión que prolongará la permanencia de Ence hasta el 2073 y el mismo Feijoo lamenta la ubicación, obvian precisar que la Xunta esquiva el asunto al trasladar la responsabilidad de pleno a Madrid.
Cuestión de formas
Por muy reglada que estuviese la toma del acuerdo según el expediente administrativo tramitado, como argumenta en plan disculpatorio el Gobierno, lo que resultó infumable fue el modo de comunicar la noticia y el cuándo.
Es inaudito que una resolución de tamaña repercusión se deje comunicar a la empresa en lugar de hacerlo el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que tramitó el papeleo. En esta materia, la cuestión de las formas es importante, aunque no sustancial.
Del mismo modo, también resultó feo el momento elegido para comunicarla. Asalta la sensación de que el Gobierno en funciones del señor Rajoy apuró los tiempos al máximo. Aguardó hasta el descuento, en el último minuto y de penalti, como se suele decir coloquialmente. Lo ha hecho justo después de que comunicase al Rey Felipe VI que renunciaba, momentáneamente según su explicación, a someterse a la sesión de investidura en el Congreso de la Nación. Como si por si acaso «no hubiera un mañana».
Si finalmente prospera un pacto entre PSOE, Podemos y otros para investir a Pedro Sánchez, hay un sector de Pontevedra que se pregunta si el nuevo presidente y su gabinete tendrían margen para revocar la prórroga de 60 años concedida a la pastera. La Voz de Galicia ya nos desbrozó el camino: hay un mínimo margen de maniobra al tratarse de un acto administrativo reglado.
Para que el lector se sitúe: la medida recién aprobada por Rajoy es tan pétrea como la que en su día aprobó la Xunta de Fraga, aquella declaración de interés supramunicipal que blindó a Ence durante estos años transcurridos desde que se proyectó y después se abortó la pretendida papelera tisú. Después de Fraga, el bipartito de Touriño y Quintana miró y remiró el asunto, llegando a la conclusión de que no había forma de derogarla. Y tuvo que optar por fórmulas políticas con el fracaso conocido.
Si Sánchez Castejón es presidente y si pudiera desatar lo que ahora acaba de dejar atado Rajoy, el camino sería derogar la Ley de Costas estatal que ampara la medida. El Gobierno que lo pretendiese debería reunir los apoyos parlamentarios necesarios en el Congreso de los Diputados y después superar el escollo del Senado, donde la mayoría absoluta del PP obligaría a devolver la reforma legislativa pretendida para intentar sacarla en segunda instancia. Posible, sí; pero muy tedioso.
Una coyuntura tal conllevaría la paradoja de ver cómo Fernández Lores y otros cargos del BNG suspirarían porque un gobierno formado por rivales electorales como PSOE, Podemos (En Marea) o Izquierda Unida pudiera tumbar lo que los nacionalistas pretenden.
La vía de la calle
Al Bloque, como a PSOE y En Marea, así como a la orla de colectivos que secundan las tesis de la llamada Plataforma Anti-Ence, le quedan dos caminos: la vía de los recursos cuya interposición han anunciado; y la presión social.
La primera respuesta de la calle fue notoria. La cifra de miles de participantes en la manifestación del pasado viernes (20.000 según los convocantes, no se conocen otras estimaciones) denota que los organizadores supieron enganchar la primera reacción, el cabreo a flor de piel que la prórroga ha causado en diversos sectores de Pontevedra y comarca.
La pregunta a continuación es: ¿cuánto tiempo se mantendrá viva la llama de ese malestar? La experiencia de este último lustro nos indica que las movilizaciones contra la pastera se habían desinflado. Y que la propia Ence ha jugado la baza de la comunicación con habilidad blandiendo los números del empleo directo e indirecto, de su cuota en el PIB y otros indicadores, como sus valores frente al desempleo y pérdida de empresas en la comarca.