La opción de eliminar la cárcel del borde del casco urbano de la ciudad no es algo que haya sido inventado por el plan general en tramitación. Un convenio firmado por el socialista Carlos Príncipe cuando ocupaba la alcaldía y aprobado en el pleno de la corporación en mayo de 1994 con el voto en contra del PP contemplaba su desaparición tras inaugurarse la prisión de A Lama, entonces en construcción. El convenio preveía la construcción en la parcela de la cárcel, de 10.000 metros cuadrados, de 23.000 metros sobre rasante y otros 10.000 en el subsuelo, de cuyo total el Concello recibiría un 31%. Los edificios tendrían un máximo de diez alturas. Este convenio nunca se materializó porque Instituciones Penitenciarias no lo solicitó tras entrar en servicio A Lama en 1998 ni tampoco el gobierno municipal que entonces regía la ciudad, encabezado por Manuel Pérez (PP).