El Gobierno central incumplió sus compromisos, no contempla alternativa alguna y deja a la empresa a su suerte ante el Supremo
05 feb 2023 . Actualizado a las 19:35 h.Llegados a este punto, a falta de unas horas para que se reúna la Sala del Tribunal Supremo que estudiará y fallará los recursos sobre la supuesta nulidad de la prórroga, está claro que Ence se ha quedado sola, a merced de la suerte de una sentencia. El Gobierno de España nos ha vendido humo a todos. No cree que haya más alternativa que la judicial. Exclusivamente.
El gabinete de Pedro Sánchez ha troleado a la propia empresa pastera, a la Xunta de Galicia, al Concello de Pontevedra, al Puerto de Marín, a los usuarios, camioneros, madereros, a los medios de comunicación y a todos cuantos hubieran depositado alguna esperanza en una mediación que ofreció en el 2021. Desde entonces, nada.
Ni surtió resultado alguno la mesa de negociación que convocó la ministra Teresa Ribera y que se reunió un par de veces en Madrid y en Pontevedra, simplemente para la foto. Ni tampoco se ha contratado ni elaborado el estudio de alternativas que comprometió el secretario de Estado, Hugo Morán, y que iba a encargarse a profesores universitarios para determinar posibles emplazamientos alternativos para reubicar a la pastera. Todo ha sido un fiasco.
Seguidismo
Precisamente el propio Hugo Morán, con motivo de una visita a Santiago realizada anteayer, disipó cualquier remota duda sobre el evidente desentendimiento del Ministerio de Transición Ecológica con respecto al inmediato futuro de la fábrica en la ría de Pontevedra.
El número 2 de ese ministerio, fue concluyente: «No hay plan B si el Supremo anula definitivamente la prórroga. Lo que habrá será la obligación de cumplir definitivamente la sentencia en los términos en que esté», agregó.
Desde hace cuatro años, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió en este asunto ponerse la misma camiseta que visten el BNG, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, las asociaciones ecologistas y demás partidarios del «peche xa». Un seguidismo que comenzó con la decisión de ordenar a la Abogacía del Estado que se allanase en los pleitos que resolvió la Audiencia Nacional, evitando defender la prórroga que otro Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, otorgó a Ence en el 2016. En consecuencia, el PSOE local migró de una posición anterior que era tolerante con la permanencia de Ence, a otra claramente beligerante contra la pastera, empujado por Moncloa.
No contemplan perder
De modo que hemos llegado a un punto tal que parece no importar la suerte de los 5.000 empleos que genera Ence entre la comarca y Galicia. O que el cierre supondría aniquilar la fábrica que genera el 28 % del PIB local, unos 500 millones de euros anuales. En cambio, cuando a Lores le han preguntado sobre el particular, ha contestado «no va a ser el acabose para Pontevedra».
Para acabar, volviendo a la respuesta de Morán denota que: 1) el Gobierno no se imagina otro escenario que no sea que el Supremo ratifique las condenas que dictó la Audiencia Nacional; y 2) que, en ese caso, tendrá que ser la empresa la que materialice el cierre y traslado con la provisión de fondos que ya tiene contemplada (alrededor de 200 millones de euros).
No obstante, viendo cómo se las está gastando este Gobierno en asuntos como la reforma exprés del Código Penal para delitos de malversación y sedición o con la ley del «solo sí es sí», dudo mucho que si se diera el hipotético caso de que el Tribunal Supremo fallase a favor de la continuidad de Ence, se resignase. Como tampoco el actual gabinete municipal de Pontevedra y demás entidades personadas en la causa. Probablemente recurrirían en tromba. Del mismo modo, Ence en caso de perder, seguramente acudiría en apelación al Tribunal Constitucional buscando alargar plazos y que, mientras, pueda surgir otro escenario político.
Carretera de Ourense (N-541): parcheo versus reforma integral
No han bastado los ocho fallecimientos en accidentes de tráfico registrados en apenas un mes para que el Gobierno cambiase de opinión con respecto a las actuaciones que acometerá en la carretera N-541. Lejos de repensarse su plan inicial, el Ministerio de Transportes no se ha inmutado. Sigue instalado en la idea de que la N-541 no es tan peligrosa. Pese a lo que vienen denunciando informes de siniestralidad como el que anualmente suscribe el Real Automóvil Club de España (RACE).
Mientras ha mandado de emisario al delegado del Gobierno, José Miñones, para hacer otro «papelón». Por partida doble. Primeramente, fue el miércoles a Forcarei para anunciar que el Gobierno gastará 4 millones de euros en obras de conservación (es decir, un parcheo) de 17 kilómetros de la N-541 que discurren por el concello forcareicense. Por cierto, con gobierno municipal presidido por alcaldesa socialista, Verónica Pichel. Y al día siguiente, alguien le hizo ver a Miñones que había «olvidado» mencionar que también se actuará en el puente de Pedre, donde se precipitó el autocar de Monbus al río Lérez, lo que tuvo que corregir con otra declaración.
Ambos anuncios del delegado parecen destilar el «oportunismo político» que el propio Miñones criticó del alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y demás alcaldes que firmaron el Pacto de Pedre. Frente a actuaciones puntuales que promueve el Gobierno, existe una petición mayoritaria —solo se desmarcó Forcarei— para una reforma integral demandada por diez concellos por los que discurre esa carretera nacional y apoyada, además, por las ciudades de Pontevedra y Ourense.
Me temo que será inevitable que haya más muertos en la N-541 para que el Gobierno de España asuma la necesidad imperiosa de una intervención total.