La plaga de incendios forestales; los efectos de la sequía y la crisis de la asistencia sanitaria primaria, aprietan al presidente de la Xunta en su inicio de mandato
24 jul 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Los tres problemas más severos que actualmente afronta Galicia son la oleada de incendios forestales, los efectos de la creciente sequía y la crisis galopante de la asistencia sanitaria de la que escribimos el pasado domingo. Cualquiera de ellos, caso de una mala gestión recurrente, son suficientemente graves como para complicar seriamente las posibilidades de futuro del actual titular de la Xunta en las elecciones del 2024.
De momento, esos tres problemones no están totalmente generalizados. Como bien sabe el propio Alfonso Rueda, quien sigue siendo vecino y residente de Pontevedra, de modo que conoce de primera mano que esta ciudad ya padece las consecuencias de la merma de caudal del río Lérez que obliga a restricciones, como la de cerrar el grifo a Ence. Del mismo modo, Rueda sabe que el servicio de Urgencias del Hospital Montecelo, ya de por sí saturado durante la semana, colapsa en sábados, domingos y festivos cuando llegan a borbotones los pacientes derivados de los centros de salud y puntos de atención continuada del entorno, que no disponen de personal facultativo.
En cambio, la ciudad de Pontevedra y concellos aledaños aún vamos safando de la plaga de fuego que ha machacado a comarcas de Ourense y Lugo. Lo que han vivido en estos días pasados en Valdeorras, en el entorno del parque natural de O Invernadeiro, o en O Courel, nos recuerda inevitablemente las devastaciones que sufrimos en la provincia pontevedresa cuando fue la «vaga de lumes» del 2006, o la más reciente de aquel fin de semana negro del 13, 14 y 15 de octubre del 2017.
Vuelvo a tener la impresión de mirar una película requetevista con este problemón de los incendios forestales. Una trama tan repetida como aburrida, a pesar de los años transcurridos. Pese al pacto de silencio que parece existir, de modo implícito, entre Pontón, Formoso y Rueda, empiezan a aflorar, e irán a más, las críticas por la cuantía y profesionalización de las dotaciones de las brigadas de extinción; por la externalización de parte del operativo, tanto terrestre como aéreo; y por la capacidad de respuesta inmediata de los concellos, puesta en duda por la precariedad de medios y recursos de la mayoría de esos municipios.
A ese cóctel podemos añadir, también, la vieja polémica irresoluta entre Xunta, diputaciones y concellos a propósito del equipamiento, efectivos y exigencia a los parques comarcales y municipales de extinción de incendios. Y de guinda, el grado de responsabilidad que, por supuesto, tienen también las comunidades de montes y los propietarios privados de montes. Especialmente en cuanto a la limpieza y mantenimiento de las superficies arboladas.
Al respecto, hay una sospecha tan latente como vieja: el imparable abandono del rural con el vaciado de cientos de aldeas y pueblos del interior de Galicia, ha propiciado un monocultivo forestal de miles de hectáreas, con una eucaliptización de nuestros montes, ya que sus propietarios prefieren apostar por una venta garantizada frente a cultivos que requieren muchos más años de cuidados y crecimiento. En suma, una cruda cuestión de rentabilidad.
Grifo cerrado a Ence
La reacción de la Xunta anunciando que ordenaba a Ence que paralice su producción en la planta de celulosa de Lourizán, para aminorar el consumo de agua procedente del río Lérez, ha sido tan necesaria como impecable. Es obvio que la celulosa, a través de la captación directa de la que dispone en Bora, absorbe miles de hectómetros cúbicos del agua que trae el río, que actualmente resultan indispensables, de modo prioritario, para abastecer de agua a Pontevedra y demás municipios del entorno que reciben suministro a través de la capital de la provincia.
La decisión de parar Ence no es baladí ni gratuita. En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa, una de las referenciales del IBEX 35, anuncia a los inversores que, si la parada en la factoría de Lourizán a causa de la sequía se prolonga más de un mes, «puede llegar a tener un impacto material en los resultados económicos de este ejercicio de 2022». Otra cuestión añadida, es la laboral. Como ayer informó La Voz de Galicia, el comité de fábrica que representa a los 300 operarios de la pastera en Lourizán, se niega en redondo a un ERTE por esta parada forzosa de la producción. Entienden que no dan causas de fuerza mayor que lo justifiquen y demandan que se apliquen otro tipo de medidas alternativas.
El martes, empresa y trabajadores se sentarán a negociar. El nuevo comité que ahora controla Comisiones Obreras, después de derrotar a la CIG en las últimas elecciones sindicales, planteará dar vacaciones a la plantilla o realizar trabajos de mantenimiento que no impliquen menoscabo salarial.
También este martes se reunirán Pontevedra y concellos del entorno (Poio, Sanxenxo, Marín, Bueu) que beben y se abastecen del Lérez, para recortar el gasto de agua. Urgen medidas pues la propia Xunta de Galicia comunicó que existe un «riesgo real de problemas de suministro» debido al abrupto descenso del caudal del río y al escaso margen que nos proporciona la despensa que supone el embalse del Pontillón.
¿Imaginan un agosto de cortes y restricciones de agua en Pontevedra o en Sanxenxo?