La unanimidad en cuanto al acierto de la compra para salvaguardarlo, se torna en dudas sobre el coste final que tendrá para el Concello de Pontevedra
05 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Una vez que se va disipando el alborozo inicial y comienza a conocerse la letra menuda de la compra del Convento de Santa Clara por el Concello de Pontevedra, es necesario hacer una serie de consideraciones y plantear algunas preguntas.
La primera consideración es que la adquisición del recinto conventual de origen gótico y particularmente la huerta y jardines, es una actuación garantista por parte del Ayuntamiento que evita cualquier otro uso impropio. Si bien el suelo que ocupa Santa Clara está calificado como «dotacional», cabe su aprovechamiento para múltiples usos, salvo residencial. Aunque el alto grado de protección patrimonial del conjunto que incluye hasta muralla, se lo iba a poner muy difícil a los especuladores.
Oasis
No deja de resultar llamativo que el cenobio y entorno de siete siglos y medio de antigüedad, linde con la parte de la urbe donde se escenificó el urbanismo más salvaje. Frente a una joya patrimonial, referente de 750 años de la historia de Pontevedra, linda el símbolo de los años del desarrollismo con edificios de muchas plantas de altura tanto en la propia Plaza de Barcelos como en calles aledañas. Un modelo urbanístico bastante deplorable e irrespetuoso con la historia de la ciudad.
El recinto conventual actuó, especialmente a partir del siglo XX, como una especie de tapón que frenó el apetito de constructores y promotores inmobiliarios a los que se les retorcía el colmillo con el bombón que suponen esos 15.000 metros cuadrados, entre el inmueble monacal y la huerta.
Garantías
Por tanto, tranquiliza que sea una institución pública la que adquiera el recinto. Se le presupone que respetará cuantas restricciones imponga Patrimonio. Esa clave, seguramente inclinó en favor del Concello, la decisión de la orden religiosa desestimando las ofertas manifestadas por empresas del sector sociosanitario, geriátricos, una cadena hotelera e incluso algún constructor, según había informado el bufete de abogados compostelano que ha asesorado a la abadesa y demás clarisas.
No deja de resultarme muy significativo que un político manifiestamente anti clerical y laicista como Miguel Anxo Fernández Lores construyese esta operación financiera que, no solo beneficia a la ciudad, sino a una orden religiosa e ingresa mucho dinero público en las arcas de la Iglesia.
Fernández Lores, seguramente habría preferido protagonizar una desamortización, como la de Mendizábal. Pero este alcalde pasará a la historia local y al imaginario del catolicismo pontevedrés como el regidor que salvó Santa Clara. Con las oraciones de la abadesa Victoriana Jorque y demás monjas clarisas que le están eternamente agradecidas. Tiene «miga».
Barato, en principio
Otra consideración más, a propósito del precio pagado por Santa Clara. Como ya escribí en mayo, cuando se anunció el acuerdo con las monjas, desde el punto de vista económico, 3,2 millones de euros por 15.000 metros cuadrados al lado de la plaza de Barcelos y calle Benito Corbal, no puede considerarse caro.
Otra «vaina» es el dinero a poner a mayores. De entrada, los gastos de notario, registro e impuestos, que es un pico. Pero, sobre todo, lo que va a subir mucho el coste de la operación es la cantidad de billetes que hay que ponerle al Convento de Santa Clara para adecentarlo. El concejal de Urbanismo, Xaquín Moreda, admitió que en un primer cálculo estiman en 8 millones de euros el coste de la rehabilitación que precisará el Convento y su entorno. Tirando por lo bajo.
Esa cifra sí que cambia diametralmente el enfoque de la operación de compra. Si el Concello tiene que meter 12 millones de euros del erario público de todos los pontevedreses, en la compra y adecentamiento de Santa Clara, la operación ya empieza a resultar discutible. Ahora súmenle cuánto costará el mantenimiento anual. Hay experiencias dolorosas en Pontevedra como lo que nos cuesta mantener el Pazo da Cultura y el Recinto Ferial, dos regalos envenenados que nos dejaron Pepe Cuíña y Manuel Fraga.
Mosquera
La implicación de César Mosquera en la compraventa del Convento de Santa Clara es, probablemente, mucho más trascendente de lo que imaginábamos. Su presencia, junto al alcalde, en los momentos estelares de la operación, tiene trastienda.
El concejal que desempeña la vicepresidencia de la Diputación y mueve una cuota sustancial del presupuesto anual (200 millones en 2022), es clave para desembarazar al Concello de lo que podría terminar siendo un «marrón» brutal para las arcas municipales. Desde el principio de las negociaciones con las clarisas, el alcalde y su equipo han acariciado como solución pasarle el convento a Diputación.
La institución provincial, con una poderosísima capacidad financiera, podría asumir los costes de adecentamiento de Santa Clara y los que devendrán de una adecuación como «Séptimo edificio del Museo de Pontevedra».
La oposición municipal ha mostrado su predisposición favorable a ese trueque llevado a cabo, pues cualquiera que piense en hacerse con el gobierno de la ciudad no quiere tener que asumir semejante hipoteca del presupuesto. Y de paso evitan que César Mosquera ordene «furar» en el centro histórico. Parece evidente que tanto Lores como Mosquera tienen que darse prisa en solventar ese traspaso pues el mes de mayo del año 2023 está más cerca.