El alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), con el teniente de alcalde, Tino Fernández (PSOE)
El alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), con el teniente de alcalde, Tino Fernández (PSOE) Ramón Leiro

El caso de la ausencia de licencia de ocupación de la vivienda del alcalde Fernández Lores durante veintitantos años resulta ética y estéticamente reprobable

16 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Que la primera autoridad municipal predique con el contraejemplo, en materia urbanística, y que la reacción del interesado y de sus subalternos sea acudir a que «pasa en la mayor parte del rural», evidencia una despreocupación rayana con la soberbia. Desde el punto de vista de la comunicación, es un horror. Políticamente, feo. Éticamente, lamentable. Significativo que los estándares que el BNG aplica a otros no sean de consumo propio.

Después de enlazar seis mandatos consecutivos, Miguel Anxo Fernández Lores y los suyos están muy «sobrados». Menudean los síntomas que delatan ese estado de ánimo «exultante». Este asunto es un indicador más. Resulta inexplicable sino la falta de cualquier mínima autocrítica en este caso concreto, por la ausencia de la preceptiva licencia de ocupación de la casa donde reside la primera autoridad del municipio. Aunque fuera por estética. Recuérdese aquello de la mujer del César. Ser y parecer.

Ni siquiera llegan a admitir que Lores cometió «un error». Qué se «olvidó» de pedir la licencia de primera ocupación y que, por tanto, se mantuvo en esa alegalidad durante 22 años. Coincidiendo que es y era el alcalde. Hasta que «reparó en ella» el pasado verano y tramitó su subsanación cuando proyectaba hacerse una piscina en la vivienda de Marcón.

Indicativo

El episodio resulta indicativo de cómo piensan el alcalde y concejales del BNG como Anabel Gulías y Xaquín Moreda, así como del modo en que se maneja la comunicación por parte del Concello en estos tiempos.

La portavoz municipal -y no el alcalde que tardó tres días en salir públicamente- fue la primera en verbalizar una reacción oficial. El mismo lunes en que se conoció la noticia. Anabel, quien normalmente se desenvuelve impecable en sus comparecencias, protagonizó una de las intervenciones más desafortunadas que le he visto en estos años.

Tenía tanto empeño en espantar la sombra de la sospecha que se cernía sobre su jefe que se trabucó con las normas vigentes en cada momento, con las fechas y por tanto con la obligatoriedad que incumbía al propio Miguel Anxo Fernández Lores de solicitar la licencia de ocupación. Tan mal estuvo Gulías que llegó a decir, en descargo del jefe, que en 1997 Lores no era alcalde. Obvio. Pero sí era concejal de la corporación municipal y portavoz del BNG. A la voceira se le «olvidó» decirnos que Lores también votó la normativa que luego él mismo incumplió.

En una misma línea argumental, el segundo en salir fue Xaquín Moreda, el edil de Urbanismo. Se cobijó en el mantra de «mal de muchos…». Contó que hay 575 viviendas en el rural que carecen de licencia de primera ocupación, situación que «no supone una ilegalidad, aunque tengan pendiente solicitar la licencia que certifica el fin de obra; están en lo que se denomina ‘estado de control’». ¡Alucinante!

Por fin Lores salió el miércoles. En rueda de prensa con el teniente de alcalde, Tino Fernández para hablar del presupuesto y los 14,5 millones de euros de «romper o peto» para obras e inversiones (incluidos los tres y pico a gastar en comprar Santa Clara). En ese contexto al alcalde le incomodaba la insistencia periodística en conocer su reacción sobre el asunto de la casa. Se parapetó en que no hay «nada ilegal ni irregular» en su proceder. Lo primero es admisible; lo segundo discutible. Entonces, ¿Por qué regularizó papeles y solicitó la licencia que no tenían ni él ni 575 viviendas?