Matar virus a cañonazos

La Xunta utilizando al sector de la hostelería, casi el 29% del PIB gallego, como munición


Pues sí. La Xunta de Galicia, con el consejo que presuntamente le habría dado el comité científico que le asesora, ha decidido matar el virus a cañonazos. Utilizando como munición al sector de la hostelería en sesenta concellos de Galicia. Más de la mitad del territorio y de un millón de habitantes. Se nos penaliza con un cerrojazo por un mes que significará la desaparición de a saber cuántos negocios.

Y digo «presuntamente» porque circulan comentarios de miembros del comité que desmienten -en privado, claro- que ellos hubieran señalado a la hostelería. Sin embargo, el presidente Alberto Núñez Feijoo decide conducir al corredor de la muerte a un sector que supone casi el 29 % del PIB gallego. Pero luego ruega disculpas. ¡Esto es de locos!

29 % del PIB gallego

No lo digo yo. Lo escribió en estas mismas páginas de La Voz de Galicia el empresario pontevedrés, Víctor Nogueira, presidente de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar. En su artículo que ayer publicó este periódico reivindicó que «como representantes de las empresas familiares gallegas (92 % de todas las empresas de Galicia) no hemos de entrar en juicios morales, políticos ni ideológicos, pero resulta socialmente injusto que sigamos demonizando siempre a los mismos».

La hostelería que, pese a su trascendencia económica y laboral en Galicia, con un movimiento de quince mil millones de euros anuales y 66.000 empleos, no ha sido nunca un sector cohesionado a efectos reivindicativos, ha empezado a cambiar, tomando conciencia de su importancia. Las movilizaciones de estos días en Pontevedra y otras ciudades, y las que llegarán, suponen un aviso.

Suma de fracasos

De momento, la gestión de la pandemia sigue siendo un cúmulo de decisiones erráticas. A nivel nacional y en el ámbito autonómico... e incluso en la esfera local.

El Gobierno de España lleva negando la mayor desde que en julio el presidente proclamó que «hemos vencido» al virus y, sin embargo, los hechos se encargaron de desmentir semejante aserto triunfalista. No hay tal victoria. Hay una derrota ejemplar que nos enfrenta ante la incapacidad de haber previsto que iba a llegar una segunda oleada.

La Xunta de Galicia tampoco puede camuflar sus responsabilidades. ¿Dónde están los rastreadores? ¿Y el refuerzo de personal sanitario? Al final, se tiró por el camino más fácil. Criminalizar a la hostelería. Quiero ver negro sobre blanco, en el DOG, en qué quedan las ayudas que el presidente Feijoo anunció el jueves para que el sector enjugue parte del castigo al que se le someterá hasta el 7 de diciembre.

En el ámbito local, esta epidemia masiva ha evidenciado la insensibilidad de gobiernos municipales, como el de la ciudad de Pontevedra, incapaz de mostrar una mínima empatía para con la hostelería, pese a ser un sector crucial en el tejido económico y laboral del municipio. Y clave para el desarrollo del tan cacareado «modelo de cidade», tótem ideológico de Miguel Anxo Fernández Lores y compañía. Pero, en cambio, apenas se han dignado a atender las demandas de rebaja o supresión de tasas e impuestos municipales alegando una imposibilidad nada creíble cuando uno mira alrededor y ve lo que otros concellos más pequeños sí han acometido. Marín, Sanxenxo y Vilagarcía suprimen tasas como veladores y otros precios municipales y Pontevedra que quintuplica el presupuesto de esos municipios, alega que no puede. ¡Los mismos que se auto proclaman «campeones» de la solvencia financiera! Vaya fiasco.

Como cataplasma idearon el programa de ayudas Supera20, que tiene más de realidad virtual que de apoyo real a sectores que como la hostelería han tenido que gastar miles de euros en adaptación a protocolos anticovid, lo que supone muy difícil encuadre en unas subvenciones enfocadas a digitalización, mejora de la accesibilidad o de la eficiencia energética. Lores y su gobierno siguen en su nube.

Carrera de incongruencias

Lo escribí hace muchos meses, cuando empezó el primer estado de alarma. Esta crisis sanitaria será una radiografía de la capacidad de cada gobierno; un examen de las dotes para la gestión de cada cargo público. Las notas se darán cuando lleguemos al final deseable de este tormento. Pero se ve venir un suspenso general. El problema será cuantas víctimas costará la ineptitud de quienes nos gobiernan.

Asistimos a una ceremonia de las incongruencias. La última es este confinamiento. Hace nueve días, el 30 de octubre, la Xunta decidió limitar la movilidad en las siete grandes urbes y algunos concellos acólitos ante las festividades de Todos los Santos y Difuntos. La medida fue una filfa. No hemos dejado de subir en contagios, hospitalizaciones y fallecimientos. Ahora, desde ayer sábado, se amplían las conurbaciones y, por tanto, los ámbitos de cada perímetro dentro de los que se limita la movilidad. Lejos de proteger a terceros, se les arriesga a contagios. Lo que constituye una manifiesta injusticia para con municipios como Ponte Caldelas, Barro, Cerdedo-Cotobade o Campo Lameiro que no han presentado niveles inquietantes de contagios y a los que expone a la acción centrifugadora de la ciudad de Pontevedra, Marín o Poio, que tristemente lideramos la estadística de infectados en el área sanitaria y llevamos semanas en alerta roja. ¡Qué manifiesto disparate!

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