Comienza el curso del virus

Las dudas con la prestación de servicios como Plan Madruga y comedor escolar, evidencia las incertidumbres con que arranca el año académico


La incertidumbre que ha rodeado la continuidad del servicio de desayunos y comedor que se presta, a través de la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos, en colegios de Pontevedra y Marín, es una evidencia más de la inestabilidad general que envuelve el inicio de este curso escolar 2020/2021.

El virus que ha venido para cambiarlo todo, ha sido como un puñetazo en un tablero de ajedrez que derribó todas las fichas que ahora hay que ir recolocando. Hay que idear protocolos de prevención, lo que obliga a incrementar costes y obligaciones de todos los actores de la comunidad educativa. Más distancias de seguridad entre niños; grupos estables, horarios diferenciados para comer… Pero también más turnos de limpieza de baños y zonas comunes, desinfecciones periódicas de las instalaciones y procedimientos de ventilación. Y además planificar cómo se actuará ante lo que todos tememos que terminará ocurriendo: brotes entre los propios escolares.

En esta encrucijada, las competencias de cada cual se desdibujan. Las Anpas y el profesorado presionaron a la Xunta, que en Galicia es quien tiene plenas competencias en educación, para que les diera cancha en la definición de los protocolos de los que padres y maestros serán piezas clave. Pero la consellería reparte (o elude) responsabilidades. Así aguarda del Gobierno Central, una pauta estatal para actuar en caso de rebrotes en las aulas y qué tipo de prestaciones o licencias recibirían los padres de los escolares que deben estar en cuarentena en sus hogares. En paralelo, la Xunta también pretende soltar lastre comprometiendo a los concellos a que asuman competencias que le son impropias, pero a las que terminan obligados por ser la Administración más cercana.

Preacuerdo in extremis

Era esperable que la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Pontevedra y la Consellería de Educación llegarían a conciliar posturas para garantizar la prestación de los servicios de desayuno y comidas en los centros docentes de Pontevedra y Marín. Aunque de momento, tras lo negociado esta semana que concluye, aún estemos en un estado anterior, en fase de «preacuerdo». Condicionado a que la consellería acepte el protocolo de funcionamiento propuesto por Fanpa (turnos, grupos, horarios…) y a expensas de que la Xunta concrete de cuánto será la aportación económica que realizará para aliviar a los padres de alumnos de una parte del sobrecoste que este curso tendrá la prestación de estos servicios. Esa parte de la ecuación la tendrá que despejar César Pérez Ares, el jefe territorial de la consellería, ante sus superiores en Santiago. El responsable provincial de Educación, funcionario veterano, curtido en mil peripecias, ha sido el interlocutor directo con Rogelio Carballo y demás directivos de Fanpa. Sabe bien que la solicitud de madres y padres está fundamentada, pero en cuestión de aflojar más euros, deciden «los de arriba».

Como consecuencia de estas premisas, el preacuerdo no garantiza que el próximo jueves 10 y viernes 11, días en los que arrancarán las clases en Educación Infantil, Primaria y Especial, vayan a estar operativos todavía los servicios de desayunos y comidas de los colegios de Pontevedra y Marín que atiende Fanpa a través de la empresa Arume.

Más dinero

Muchos pensamos que resulta preocupante afrontar con tantas dudas al inicio de un nuevo curso. Como ha venido ocurriendo a lo largo de toda esta crisis sanitaria, se percibe que las Administraciones han llegado, también esta vez, tarde. A la falta de reflejos para anticiparse hay que unir otro motivo: el establecimiento de protocolos anti-covid requiere de más dinero. Y es ahí donde entra de lleno el debate político y donde se echa de menos la capacidad de llegar a acuerdos entre Administraciones.

Hay dos frentes abiertos. Uno de ámbito estatal; otro de carácter autonómico y local. De una parte, Alberto Núñez Feijoo, como los demás presidentes de las comunidades autónomas, reclaman a Pedro Sánchez el reparto del fondo de 2.000 millones de euros con los que poder atender los sobrecostes -mayores en Galicia- que requieren el aumento de medidas de seguridad y distancia entre escolares ya sea en el autobús que les lleva al cole o en el comedor.

De otra parte, tenemos el conflicto de los remanentes de tesorería de los concellos a los que el Gobierno Central, con la complicidad del presidente de la FEMP, Abel Caballero, quiere echar el guante, con el cabreo generalizado de Miguel Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, y de la mayoría de los regidores de los ayuntamientos de Galicia y del resto de España. No obstante, el asunto aún tiene que pasar por el Parlamento.

Los municipios argumentan que esos ahorros, obligados por la regla de gasto que les impuso el ministro Cristóbal Montoro, les permitirían afrontar los sobrecostes a los que se les obliga con esta pandemia.

En Galicia, la Xunta ha descargado sobre los concellos asuntos como la limpieza, la desinfección, la ventilación, el establecimiento de rutas seguras, controles de entrada y salida de los centros, que requieren de personal, medios y dinero. Muchos concellos no pueden afrontar ese gasto. O Grove acaba de plantarse. El alcalde José Cacabelos inicia una revuelta que seguramente seguirán otros. Al tiempo.

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