Jurisprudencia pontevedresa

El pleito entablado por la Fiscalía contra Audasa por el cobro de peajes pese a las retenciones por la ampliación de Rande se seguirá con lupa


El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra y su titular, Manuel Marquina Álvarez tendrán la oportunidad de sentar jurisprudencia sea cual sea la sentencia que dicte cuando en febrero celebre el juicio por la demanda colectiva de la Fiscalía contra la concesionaria de la Autopista del Atlántico (Audasa). Es un hecho inédito: es la primera vez en la reciente historia judicial española que el ministerio público, actuando en nombre de miles de perjudicados, imputa a una empresa todopoderosa como Audasa por presuntas prácticas abusivas.

La clave del pleito es que la concesionaria que explota un negocio millonario que factura 16.000 euros cada hora, mantuvo incólume el cobro de peajes en el tramo Pontevedra-Vigo durante tres años pese al tremendo impacto de las obras de los nuevos carriles en el puente de Rande. La demanda plantea que Audasa, que ingresó sin pestañear desde febrero de 2015 a junio de 2018 del orden de 90 millones de euros en peajes, devuelva «solo» unos 700.000 euros por cobro indebido como consecuencia de los perjuicios que ocasionaron las obras.

Expectación

El caso ha levantado expectación. Se seguirá con lupa. Consciente de ello, el magistrado ya ha marcado el terreno. El juez Marquina determinó que serán los agentes de la Guardia Civil y personal de la Jefatura Provincial de Tráfico los que tendrán la condición de testigos de cargo de los que la Fiscalía podrá tirar para determinar las repercusiones de las obras de Rande en la circulación por la AP-9. La decisión excluye a las decenas de conductores/usuarios de la autopista que se brindaban a testificar después de haberse adherido a la demanda de la Fiscalía. Eran alrededor de 80.

Con buen criterio, el juez prescinde de ellos por el temor a que pudieran ser impugnados porque podrían considerarse testimonios interesados. Del mismo modo, el juez ha decidido que escuchará a los técnicos que presente la defensa legal de Audasa durante las dos sesiones del juicio que ha fechado para los días 11 y 12 de febrero.

Por otra parte, en la vista previa del pasado lunes 4, el titular del Mercantil 1 ha determinado qué se dirime en este juicio. Por una parte, La naturaleza, duración y reiteración de las retenciones así como el modo en que afectaron a los conductores atrapados; y por otra parte, si en semejantes condiciones procedía el cobro íntegro de los peajes.

Singular

Estamos ante un juicio singular. Al fin y al cabo, la demanda colectiva que la Fiscalía de Pontevedra presentó contra la concesionaria de la AP-9 es una acción popular, actuando en nombre de miles de perjudicados e imputando a una empresa todopoderosa por presunta mala praxis.

No es un juicio más. Hay presión ambiental. El juez deberá mantenerse independiente de lo que una gran corriente de opinión pública considera que es una excelente oportunidad de darle un meneo a Audasa. Estamos ante una empresa que se conduce con una indisimulada soberbia, negando sus deficiencias y prevaliéndose de su situación, gestionando un negocio multimillonario asegurado por convenio por muchos años vista. En el juicio vamos a tener sobrada muestra de esa displicencia. Un anticipo lo tuvimos con el recurso que presentó el bufete que representa a Audasa. Los letrados nos presentan a la empresa como una «víctima» y no como «el problema». Achacaban a Juan Carlos Aladro, el fiscal jefe provincial que lleva la demanda, de hacer unos «huevos revueltos» con los datos de los días de atascos y número de afectados «manejados torticeramente» para culpabilizar a la concesionaria, dicen los abogados.

Lo que para el fiscal jefe de Pontevedra fue un cobro abusivo de peajes durante los tres años que duraron las obras en Rande, «solo fueron 14 días de atascos» según los abogados de la concesionaria que, por encima, consideran que «no hay que pagar a los automovilistas atrapados en la AP-9 porque sabían dónde se metían».

Recursos

Sea cual sea la sentencia que se termine dictando, se atisba que el asunto subirá a otras instancias judiciales porque habrá recursos. Si hubiera condena por mala praxis a Audasa, seguro que apelará. Querrá prolongar el pleito y diferir la devolución del dinero que hubiera cobrado incorrectamente por peajes. Precisamente, para la Fiscalía ganar este caso debería servir para extraer como moraleja que la concesionaria de un servicio público no puede cobrar el mismo precio cuando no es capaz de prestar su servicio con normalidad.

Si Fiscalía ganase, al juzgado pontevedrés le queda la papeleta de establecer como se resarce a los usuarios afectados. Difícil, pues la capacidad probatoria del daño sufrido no será la misma para todos. De antemano parece que solo aquellos conductores que puedan acreditar mediante extracto bancario, ya por pagos con tarjeta de crédito, ya por telepeaje, tendrán más sencillo acogerse al proceso de reintegro que pudiera determinarse para Audasa.

Por último: Audasa ya dejó entrever que si finalmente es condenada a pagar se plantará ante el próximo Gobierno a reclamar por lo que consideraría una alteración de los sucesivos acuerdos firmados en estos años para subir tarifas a fin de cobrarse principal e intereses de las obras de ampliación que sufragó. Las que realmente terminamos pagando los usuarios.

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