Por sorpresa, y ante el estado de la cárcel pontevedresa, los presos fueron distribuidos por otras prisiones
14 may 2019 . Actualizado a las 09:41 h.«Hoy he dado orden de que la dotación de la Guardia Civil que prestaba sus servicios en A Parda abandone su puesto y pase a desempeñar tareas relacionadas con la seguridad ciudadana». De este manera, el por entonces el gobernador civil de Pontevedra, Jorge Parada, confirmaba el 17 de mayo de 1991 una realidad que se había fraguado cuarenta y ocho horas antes: el cierre definitivo de la prisión provincial de A Parda.
Y es que tal día como hoy, pero de hace veintiocho años, Instituciones Penitenciarias, cogiendo por sorpresa a propios y extraños, decidió distribuir a los reclusos del penal pontevedrés por otras cárceles, en su mayoría ubicadas en otros puntos de la comunidad gallega. Fue la drástica respuesta de la Administración central a las continuas criticas por la situación en las que se encontraban las instalaciones de la ciudad del Lérez, anticuadas, deterioradas y, principalmente, masificadas. «Con esta medida se cumple una reivindicación demandada por diversos colectivos profesionales de Pontevedra, entre los que se incluyen jueces, abogados y fiscales, ante la imposibilidad de que el centro penitenciario cumpliese los objetivos de reeducación y reinserción que tenía marcados, fundamentalmente debido al mal estado de sus instalaciones», recalcó Jorge Parada.
Los que aún recuerdan aquellas vetustas instalaciones rememoran que en sus celdas se llegaron a hacinar hasta 250 reclusos de toda índole. Uno de los más claros exponentes de la masificación se encontraba en el hecho de que el módulo femenino, con capacidad para poco más de diez mujeres, albergaba casi cuatro veces más personas, una población a la que había que sumar los hijos pequeños con los que muchas internas convivían. De hecho, un autobús se desplazaba todas las mañanas para recogerlos y llevarlos hasta la guardería.
Esta situación derivó en toda clase de motines, el último de los cuales se había producido apenas unos meses antes del cierre definitivo del penal. Corría el 17 de diciembre de 1990 cuando la mayor parte de los presos, cansados de las deficientes condiciones en las que se encontraban, armados con objetos punzantes retuvieron a ocho funcionarios durante cerca de siete horas. Durante este tiempo, además de momentos de tensión, pero también situaciones cuanto menos curiosas. Como la protagonizada por tres presos que, disconformes con los amotinados, alcanzaron el tejado del penal donde fueron auxiliados por personal penitenciario que los ocultaron en distintas dependencias de la prisión de A Parda.
A los motines y la masificación se sumaban otros hechos cuyo trasfondo se encontraban en la propia configuración de la cárcel, que no era de alta seguridad, pese a que en ella llegaron a estar recluidos presos de primer grado o, incluso, terroristas etarras y del Grapo. Así, era habitual que amigos y familiares de los internos les hicieran llegar pequeñas partidas de droga simplemente arrojándolas desde la calle hasta el patio interior. Apenas un doble muro de piedra separaba el exterior de los presos.
En todo caso, todos los cronistas de la época coincidieron en que el motín de diciembre de 1990 fue la puntilla para el penal pontevedrés. Lo que nadie se esperaba, sin embargo, es que el cierre se produjese con nocturnidad y alevosía. De hecho, muchos jueces y fiscales se enteraron cuando ya estaba consumado, mientras que el entonces candidato a la alcaldía de Pontevedra por el PP y quien a la postre se haría con la alcaldía, Francisco Javier Cobián, criticó lo que, a su juicio, fue un lamentable olvido de los derechos de los empleados penitenciarios, pero también de los reclusos, la mayoría de los cuales vieron como, periódicamente, los tenían que trasladar a Pontevedra donde se instruían las causas en las que estaban procesados judicialmente.
Tras el cierre efectivo, la cárcel de A Lama funcionó un par de años más a modo de CIS, de tal modo que una veintena de penadas solo acudían a dormir. En 1995 se firmó un convenido que posibilitó la construcción del edificio judicial, una gran plaza y bloques de viviendas.
Nada más conocerse el cierre, aquel mes de mayo de 1991, el gobernador civil Jorge Parada aseguró que, en el plazo aproximado de dos años, la provincia contaría con un moderno centro penitenciario que sustituyese al de A Parda. Lo cierto es que esto no fue realidad hasta que en 1998 se inauguró la prisión de A Lama.