Plan de choque contra los delitos de odio

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA / LA VOZ

PONTEVEDRA

ALBERTO LÓPEZ

Policía y Guardia Civil registraron en la provincia más de sesenta denuncias en cinco años

06 may 2019 . Actualizado a las 13:04 h.

Aunque nunca aparecen entre las grandes cifras de criminalidad, lo cierto es que ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional bajan la guardia frente a los delitos de odio. Si bien la provincia no registra una peculiar problemática en este sentido -Pontevedra registró en cinco años más de sesenta denuncias en este ámbito-, lo cierto es está previsto que ambos cuerpos, paulatinamente, implementen el Plan de Acción contra los delitos e incidentes de odio impulsado desde el Ministerio del Interior.

Este protocolo es la respuesta, según remarcó el propio ministro Fernando Grande-Marlaska, al incremento que se ha registrado a nivel nacional en este tipo de hechos: «En el 2017 -último ejercicio del que se tienen datos oficiales actualizados- las fuerzas y cuerpos de seguridad de España registraron 1.419 incidentes como delitos de odio, un 11,6 % más que en 2016. Estas cifras reflejan la lacra que suponen estos delitos». Grande-Marlaska asume que este aumento puede estar condicionado, ya no solo por un mayor número de incidentes, sino, también, por un incremento de las denuncias que pondría de manifiesto «el aumento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones».

En todo caso, Pontevedra se escapa de esta tendencia alcista, toda vez que este tipo de criminalidad experimentó en el 2017 una caída del 62,5 % con respecto al 2016, año en el que se duplicaron las denuncias con relación al ejercicio anterior. De este modo, los datos que manejan las fuerzas policiales sitúan a las Rías Baixas en unos números relativamente bajos, toda vez que los delitos de odio de los que se tiene constancia en la provincia apenas suponen el 0,63 % del total nacional.

Pese a esta realidad, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional quieren que la situación se agrave. Es en este ámbito en el que se circunscribe el Plan de Acción aprobado por Interior y que se asienta sobre cuatro pilares: la formación de los agentes, la prevención, la atención a las víctimas y la respuesta ante los agresores.

Hay que tener presente que las instituciones comenzaron a prestar una atención específica en una fecha relativamente reciente. A fin de cuentas, fue en el 2014, hace apenas cinco años, que se elaboró y publicó por primera vez en España un informe oficial centrado en este tipo de incidentes y en el que se recogían los datos de un año antes.

La evolución provincial

Aquel primer documento reflejó que la provincia había sido escenario en el 2013 de nueve delitos, una cifra que se redujo a siete en el ejercicio siguiente, pero que se incrementó a los doce en el 2015. Un año después se duplicó este número hasta alcanzar las veinticuatro denuncias, mientras que en el 2017 se redujo a nueve.

En este marco, el ministro tiene claro que en la erradicación de este tipo de hechos «resulta imprescindible el diálogo y la colaboración constante con asociaciones, organizaciones y colectivos de ámbitos diversos y susceptibles de ser victimizados, como colectivos LGTBI, confesiones religiosas, asociaciones de personas con diversidad funcional u organizaciones de inmigrantes, entre otras».

Así, en el plano de la formación, se ha establecido, entre otras medidas, que se incorporen planes de estudio específicos en las distintas academias de acceso, como en los procesos de promoción interna, así como en los cursos online que se desarrollen. En el ámbito de la prevención, se intensificarán las charlas en centros educativos por parte de los agentes adscritos al Plan Director para la convivencia o se implementarán campañas de sensibilización en redes sociales, las cuales se intensificarán en determinadas fechas, como el Día internacional de la eliminación de la discriminación racial, o cuando se tenga conocimiento de actos especialmente graves.

De igual modo, el refuerzo de la atención a las víctimas conllevará, en lo que es la provincia de Pontevedra, que responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional mantengan encuentros con representantes de asociaciones y colectivos implantados en las Rías Baixas. A más largo plazo, se tiene la intención de confeccionar una guía de buenas prácticas desarrolladas por los diferentes colectivos para prevenir estos delitos, un actuación en la que se prestará una atención especial a aquellas víctimas que presenten algún tipo de discapacidad, al tiempo que se ha anunciado que se fomentará la atención psicológica a todas aquellas personas que pudieran haber sufrido una agresión motivada por el odio.

En cuanto a la cuarta pata de este plan, la relativa a la respuesta policial, se tiene intención de implantar, entre otras medidas, un procedimiento de análisis de riesgos que permitan a un agente identificar un posible delito aún cuando no medie denuncia. Desde Interior se espera que pueda estar operativo en el primer trimestre del 2021.

La mayor parte de las agresiones del 2017 en Pontevedra tuvieron una motivación ideológica y, en menor medida, religiosa

De las nueve denuncias tramitadas por la Guardia Civil y Policía Nacional en el 2017 en el ámbito de la provincia de Pontevedra, media docena tuvieron como trasfondo una motivación ideológica, mientras que dos estuvieron relacionadas con la religión y una tercera fue interpuesta por un persona con diversidad funcional que fue objeto de una agresión -verbal o física-. Los datos del Ministerio del Interior, en todo caso, reflejan que en los cinco años de implementación de los informes sobre delitos de odio, en las Rías Baixas lo que más denuncias genera son las conductas racistas o xenófobas, toda vez que sumaron diecisiete de los 61 delitos investigados.

En este lustro, además, otros dieciséis ataques tuvieron como víctimas a personas con diversidad funcional, así como en un número similar de ocasiones la agresión estuvo condicionada por motivos ideológicos. En siete incidentes el trasfondo fue la identidad sexual de la víctima y en cuatro obedeció a cuestiones de creencias o prácticas religiosas, mientras que en una se catalogó como agresión antisemita.

La estadística del Ministerio del Interior refiere, por otro lado, que en este período de tiempo no se ha registrado en Pontevedra ningún altercado bajo la catalogación de aporofobia, algo que sí ha sucedido en otras provincias gallegas, mientras que no se ha tenido constancia de ninguna situación de discriminación por razón de género o sexo. A este respecto, las fuentes consultadas en ambos cuerpos advierten de que el hecho de que no se haya contabilizado ningún hecho en estos ámbitos, no quiere decir que no se produzcan. «Es que simplemente no se han denunciando o, incluso, puede darse el caso de que la denuncia no se hubiera tipificado a nivel policial como delito de odio», precisaron a este respecto.

A finales de año estará operativa una base de datos policial sobre simbología de grupos radicales

Uno de los aspectos sobre el que se establecerá una especial vigilancia y supervisión es en todo lo concerniente a las nuevas tecnologías. De este modo, se ha previsto el desarrollo de procedimientos específicos y herramientas digitales que permitan contrarrestar, no solo la actividad delictiva en Internet, sino los propios discursos que pueden alentar estas conductas a través de las redes sociales.

El plan, de hecho, se ha marcado entre sus objetivos el de emplear la tecnología al estudio de estos discursos, por lo que se aliente la colaboración «en proyectos universitarios de investigación y desarrollo I+D en software analítico (...) que pueda ser aplicado a la función policial».

Se tiene el convencimiento de que, de esta forma, se podrán elaborar informes que permitan identificar patrones o tendencias para su posterior análisis.

La contra-narrativa policial

De igual modo, la cooperación con el estamento universitario permitiría desarrollar investigaciones científicas que posibiliten una mejor comprensión de este fenómeno delictivo, lo que, a la postre, permitiría «la elaboración de una contra-narrativa».

Y se espera que a finales de años se habilite una base de datos sobre simbología de grupos radicales -homófobos, racistas, antisemitas, musulmanófobos...-.