A la espera de presentar esta tarde el Plan de Mobilidade e Velocidade Segura (Plan Móvese) en el Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial INTER CISEV de Sevilla, el diputado Uxío Benítez, junto con el asesor provincial Jesús Fole, participa ya en las sesiones de trabajo de este encuentro internacional. Esta cita esta organizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto Iberoamericano de Seguridad Vial.
La presentación del Plan Móvese se llevará a cabo en el transcurso de una de las sesiones prácticas del congreso, en concreto en la referida a los planes estratégicos de seguridad viaria. La intención de Uxío Benítez es poner de manifiesto que esta iniciativa provincial es una «experiencia de interese no ámbito da xestión de entidades públicas», al cual «ten como obxectivo o calmado do tráfico e a redución da violencia viaria mediante elementos físicos de redución de velocidade».
En este punto, el diputado de Mobilidade remarca que la seguridad en materia circulatoria es un «obxectivo estratéxico» para el gobierno provincial. De hecho, resaltó que se dispone de una partida de cerca de cuatro millones de euros que, entre otras actuaciones, posibilitará la instalación de unos seiscientos elementos reductores de velocidad en la red viaria de titularidad provincial.
Varios son los objetivos que se han marcado en el ámbito de este congreso, entre los que se encuentra el que sirva de punto de encuentro para compartir experiencias entre gestores de la seguridad vial en Iberoamérica, así como poner en el escaparate los avances conseguidos con tales estrategias, ya tuvieran carácter nacional o se hubieran implantado en un ámbito local.
El encuentro, cuya ponencia inaugural corrió a cargo de Gregorio Serrano López, director general de Tráfico, tiene una cierta vocación de autocrítica, toda vez que está previsto que se aborden las cuestiones que han impedido alcanzar las denominadas metas del decenio. Fue hace casi un año cuando los principales gestores en seguridad vial asumieron la imposibilidad de alcanzar el objetivo de reducir en un 50 % las víctimas mortales en carretera durante la década comprendida entre el 2011 y el 2020. En este punto, coinciden en apuntar en la necesidad, por un lado, de disponer de una financiación específica y, por otro, de establecer pautas de control de la normativa y promover la participación de todos los actores sociales.