Las empresas que se encuentran en los terrenos susceptibles de demolición interpusieron en febrero del año pasado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Estas firmas entienden que no se les ha tenido en cuenta en los distintos procesos judiciales abiertos sobre los rellenos portuarios y que esta situación les afecta al crear inseguridad jurídica y retrasar inversiones. Las empresas recurrentes apelaron al Constitucional después de que fracasasen sus esfuerzos porque el Supremo y el Superior de Xustiza de Galicia retrotrajesen las causas judiciales del puerto y les dejasen participar como partes. En aquel momento, cuando trascendió la interposición del recurso de amparo, se señaló que la cifra de inversiones paralizadas por causa de las incertidumbres jurídicas de los rellenos y del urbanismo portuario ascendía a un mínimo de 3,5 millones de euros.