Urge una respuesta judicial rápida y contundente para poner freno a la oleada de trampas antes de que haya una muerte; la protesta de los ciclistas de hoy es un aviso a navegantes
08 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La administración de Justicia tiene que dar una respuesta urgente y contundente que sirva de escarmiento a quienes siembran los montes de trampas. El castigo no debería demorarse más de lo que ya está ocurriendo, por ejemplo, con el caso de Diego, postrado para siempre en una silla de ruedas desde que unos bestias desgraciaron su vida con una macabra celada que no pudo esquivar cuando hacía bicicleta de montaña por una pista en el Alba.
Como no espabile el Poder Judicial, ocurrirá que la primera sentencia condenatoria llegará cuando hayamos enterrado a un ciclista fallecido por causa de una de esas trampas ideadas con una maldad absoluta. También podría ocurrir que esa primera víctima mortal resulte ser un senderista, un practicante de carreras de orientación o simplemente, cualquier otro usuario de los montes. Uno de los últimos heridos por una tabla con pinchos fue una persona que recogía hace pocos días castañas en el Castrove.
La acción de los violentos es premeditada y al tiempo indiscriminada. Cualquiera puede ser víctima de esas trampas; desde un adulto a un niño. No dista de ser una forma de terrorismo, como acusan los colectivos que alientan las denuncias contra esta plaga.
La siempre lenta maquinaria judicial ya tardaba en conceptuar adecuadamente lo que está ocurriendo en los montes de nuestro territorio. No hay paliativos; la colocación de esos tablones con puntas, de esos cables de acero a la altura del cuello u otros ingenios ideados para dañar a quien circule por esos pasos obligados, constituyen un delito de homicidio doloso. Incluso de asesinato, pues se planifican y realizan con propósito de causar lesiones que puede ser irreparables o mortales de necesidad.
La Fiscalía ha tardado, pero finalmente ha empezado a llamar (en su caso, a calificar) las cosas por su nombre. Juan Carlos Aladro, principal responsable del ministerio público en la provincia, ya previno a quienes atentan contra los demás usuarios de los montes. «Se les aplicará el Código Penal con el máximo rigor», anunció. La intención es plausible pero necesitaremos como sociedad que se visibilice en arrestos, procesamientos y condenas de cárcel para que quienes se han empeñado en una conducta tan vil como reiterativa.
Acusación tibia
Lamentablemente, quienes urdieron la trampa que ha convertido a Diego Gónzalez en un paralítico desde septiembre del 2014, sortearán este anunciado endurecimiento. Los cuatro comuneros de Lavadores que están imputados por colocar de forma deliberada la piedra en medio de una pista de descenso de BTT en el Monte Alba, solo serán acusados de un delito de lesiones por imprudencia temeraria. Dos años y medio de prisión para cada uno de ellos que probablemente no llegarán a cumplir. O sea, que van a salir de rositas frente a quienes en un futuro sean relacionados con la oleada de trampas que no ha cesado.
La persistencia de quienes colocan esas añagazas -especialmente prolijas en las cercanías de la temporada de caza- resulta tan inquietante como desafiante. Concentraciones de protesta como las de este domingo entre el Castrove y la plaza de España en Pontevedra (así como anteriores realizadas por el caso de Diego) pretenden mantener viva la presión sobre las instituciones que deben velar por la seguridad de todos en el disfrute común y sin excepciones de los montes.