Entre los siete acusados por delito fiscal se encuentran los fundadores de Gómez de Bodaño y el descuartizador de Ponteareas, José Frutos Ayala
24 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Sobre una de las emblemáticas constructoras pontevedresas, la firma Gómez de Bodaño, pende, cual espada de Damocles, la petición de disolución formulada por la Fiscalía en el marco de una investigación por un supuesto delito contra la Hacienda Pública. El ministerio público tiene intención de sentar en el banquillo a siete personas, entre las que se encuentran los fundadores de la compañía y el conocido como el descuartizador de Ponteareas, José Frutos Ayala, a quien, en este caso, se tacha de mero testaferro.
Para todos ellos se solicitan tres años de prisión, multa de 450.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener incentivos fiscales o ayudas públicas durante cinco años. Además, se pide que solidariamente indemnicen al Estado con 142.076 euros.
Por su parte, en el caso concreto de la constructora cuya sede social se ubica en la calle Eduardo Pondal, el ministerio público pontevedrés solicita, no solo su disolución definitiva, sino que abone una sanción económica de trescientos mil euros.
Sostiene que, en el ejercicio del 2012, Gómez de Bodaño presentó una serie de declaraciones relativas al IVA y autoliquidaciones trimestrales relativas a los nueve primeros meses del año con resultado negativo, así como no hizo lo propio con la declaración resumen anual. Añade que, pese a la ausencia de declaración de las cuotas devengadas de IVA, la sociedad realizó una serie de operaciones comerciales, como fueron la venta de inmuebles por un importe global que rondaría los 2,9 millones de euros, así como se emitieron facturas por cerca de 56.000 euros.
«La obligada tributaria no contabilizó cuotas soportadas -motivo por el que, con la legislación del impuesto del IVA, no son deducibles-, no obstante por la Agencia Tributaria se ha comprobado la existencia de la mismas», afirma el fiscal. De este modo, concluye que la cuota supuestamente defraudada ascendió a un total de 142.076 euros.
En su escrito de acusación, el ministerio público relata cómo la totalidad de las acciones de Gómez de Bodaño fueron objeto de varias compras por un euro. En este sentido, se refiere cómo uno de los encausados «ideó el sistema de ventas y poderes (...) con la finalidad de alejar a los verdaderos propietarios de Gómez de Bodaño -el fiscal identifica al matrimonio que en 1989 fundó la empresa- de los hechos imponibles objeto de acusación». Sin embargo, considera que ambos acusados mantenían, «a través de su hombre de confianza, el dominio sobre» la firma.
Entre los supuestos compradores sitúa a Frutos Ayala, quien presumiblemente accedió a participar en esta operativa a cambio de una contraprestación económica.