Más de cien mil internautas secundan ya la petición de la medida de gracia
19 nov 2014 . Actualizado a las 09:18 h.Tamara Vidal, la pontevedresa que junto a Ana María González fue condenada a tres años y un día de prisión por arrojar pintura a una piscina durante la huelga de instalaciones deportivas del 2010, ha dado luz a su primer hijo sin tener noticia de la petición de indulto. De hecho, durante buena parte de los nueve meses de gestación, la joven ha convivido con la incertidumbre de una suerte de espada de Damocles: una pena que, de no ser atendida su petición, conllevaría su ingreso en un centro penitenciario.
El alumbramiento se ha producido apenas unos días después de que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hubiese mantenido una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que se abordó la situación de las pontevedresas. «Deume a impresión de que existía unha boa disposición», apuntó Rueda, al tiempo que matizó que, «en todo caso, quen ten que tomar a decisión e quen ten que anunciala é o Consello de Ministros, se é que a toma e cando corresponda».
Las fuentes consultadas aseguraron que la petición está desde hace semanas sobre la mesa del ministro de Justicia, quien ya ha tenido ocasión de comprobar todos los informes favorables -entre los que se encuentra el de la propia sala de la Audiencia que impuso la condena-. A día de hoy, no ha trascendido el día en el que el titular de esta cartera trasladará la propuesta al Consejo de Ministros.
En este sentido, explicaron que, por cuestiones de protección de datos, se trata de trámites que suele asumir directamente el propio ministro. Y solo cuando lo considera conveniente, es cuando suele trasladar el expediente a sus homólogos del Gobierno para ratificar o no la solicitud.
En el caso de Tamara y de Ana, su solicitud no solo se sustenta con el informe de la Audiencia, sino que también la Fiscalía se pronunció favorablemente. Fue el recurso del ministerio público el que determinó que los seis meses iniciales de cárcel se transformaran en tres años y un día. Se trata de la pena máxima para aquellos acusados que, «actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga».
Repercusión en Internet
Fue el 30 de abril cuando Comisiones Obreras dio a conocer este fallo que tacharon como «desproporcionado». Pronto, tanto Tamara como Ana comenzaron a recibir apoyos de la ciudadanía, pero también de los Concellos de Pontevedra y Marín, así como de la Diputación Provincial y del Parlamento Gallego. En la actualidad, y a la espera de un pronunciamiento de ministro de Justicia, son ya más de cien mil las firmas que, a través de la plataforma Change.org, han secundado la petición de indulto «y la anulación de cualquier orden de ingreso en prisión».