Hasta el 20 de mayo fueron demolidas además 13 edificaciones privadas
26 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Desde que empezó este año, la provincia de Pontevedra ha visto pasar a mejor vida 13 edificaciones ilegales. A razón de unas dos por mes. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha mantenido un pulso firme a la hora de contener los desmanes urbanísticos de propietarios privados tanto en suelos rústicos como en las zonas de servidumbre de costas, los dos ámbitos sobre los que tiene competencias este órgano. Pero no solo los particulares se han encontrado bajo el yugo de la agencia autonómica. También las administraciones públicas empiezan a percibir que no es tarea fácil escapar del control de este servicio. El reciente expediente al Concello de O Grove por la ilegalidad de su nuevo edificio administrativo da buena fe de ello.
Desde la Axencia matizan que los expedientes a administraciones son «excepcionais», apenas tres casos en los últimos años, pero sí admiten que guardan una fuerte carga simbólica. «El caso de O Grove (cuyo alcalde es del PP) es evidente que demuestra el carácter técnico del organismo», subraya una fuente del Gobierno gallego.
Más allá de esta cuestión, en la Consellería de Medio Amnbiente aseguran que la APLU ha servido para acabar «con la sensación de impunidad que quizás existió en algún momento. El hecho de que cada dos por tres se vean demoliciones le traslada a la sociedad un mensaje claro: no sale gratis hacer las cosas mal».
Las estadísticas apoyan en realidad esta consideración. Y es que a las 13 edificaciones que fueron demolidas desde que empezó el año en la provincia, se suman otras 28 que cayeron bajo la acción de la piqueta el año pasado. Una cifra que se verá incrementada en breve, habida cuenta de que en el 2013, los técnicos de la APLU incoaron en Pontevedra más de un centenar de expedientes de reposición de la legalidad.