A la vista del impacto de la crisis en la ciudad, es muy cuestionable que más de la mitad de la corporación municipal de Pontevedra siga profesionalizada
23 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La imagen que traslada a la sociedad el espectáculo de los sueldos en la corporación municipal de Pontevedra es poco edificante. Más bien, resulta irritante. Y hasta obscena.
Lo vivido en el pleno del pasado miércoles trasciende del lío entre el bipartito y la oposición sobre las dedicaciones exclusivas que corresponderían al PP y el cumplimiento de la reciente sentencia del TSXG, ganada por los de Moreira.
Si solo se analiza así, resulta una visión cortoplacista. No pasaría de ser una riña con un desenlace chusco; que dice muy poco del rigor del gabinete BNG-PSOE que más bien parece recochinearse en la aplicación del fallo y persigue provocar que el pleito se alargue.
Tampoco favorece al PP. Gana el caso, reclama más sueldos. Incluso alguno, los atrasos. Pero, al tiempo, intenta que le compremos un discurso de que está por el recorte de estos gastos. ¡Vaya equilibrismo!
Opino que todo el debate y los acuerdos del miércoles perjudican el crédito de esta corporación. De toda ella. Son indicativos de la desafección que los tres grupos políticos evidencian hacia la situación real de la ciudad.
Parecen instalados en una nube. Olvidan que Pontevedra tiene un 27,5% de tasa de paro; es monodependiente del empleo público (del que proceden casi todos ellos); tiene un sector servicios que tira como puede a causa de una severa crisis; la construcción lleva años en estertores y apenas tenemos industria y la poca que hay, está bajo el foco de la sospecha o con el cuchillo en el cuello.
Con semejante panorama ¿cómo cabe interpretar que el erario municipal siga soportando los salarios que más de la mitad de los miembros del consistorio cobran por gestionar la res pública?
Nada menos que suponen un gasto de cerca de 700.000 euros anuales.
¿En una ciudad de ochenta y pico mil habitantes, de veras quieren que creamos que se necesita que 12 de los 14 concejales de la coalición BNG-PSOE estén a sueldo del Ayuntamiento para gobernarnos?
Recordemos que cobran 9 de los 11 ediles del BNG y los tres concejales del PSOE. A razón de casi 44.000 euros anuales, excepto Louro que percibe cerca de 58.000 y Lores que como alcalde tiene fijado un salario de prácticamente 64.000 euros.
Y, en suma, ¿necesitamos que 13 o hasta 15 miembros de la Corporación -si prospera la reclamación del PP- se dediquen profesionalmente a la gestión municipal, en un Concello que tiene medio millar de funcionarios en plantilla?
Cuesta digerirlo. Más bien refleja una inmensa falta de sensibilidad social que, desde luego, desactiva cualquier discurso que salga de los tres grupos a propósito de lamentar el impacto de la crisis en Pontevedra. Como la moción propuesta del PP, aprobada el miércoles -por rara unanimidad- para «estimular políticas de creación de empleo».
Apesta a papel mojado.
Si nos quieren persuadir de que realmente les preocupa que haya más de 10.800 pontevedreses desempleados; que en más de 3.200 hogares todos sus miembros estén en el paro; que en 855 domicilios no entre ya subsidio alguno, y que los índices de pobreza avanzan al galope, tenían un modo muy simple.
Hubiera bastado que pactasen un recorte del número de dedicaciones exclusivas así como las cuantías de las mismas. Y ese dinero, que ya está consignado en el presupuesto, podría dedicarse a incrementar las partidas destinadas a servicios sociales, programa RedeAxuda, comedores escolares y otras necesidades.
Están a tiempo de corregirlo. Si no lo hacen, solo transmitirán que siguen amarrados a los sueldos.